Los fanáticos progres
Ha sido todo un acontecimiento el proceso de reelección del Procurador General de la Nación. Algo que pasaba tan fácilmente con aquellos a quienes remplazó Alejandro Ordóñez, ahora parece que se volvió complicadísimo. De pronto en aquellos casos, las reelecciones eran legítimas porque quienes hoy critican compartían las maneras de pensar e ideologías de los entonces procuradores, y no como en este caso, en el que las convicciones son distintas. Esto hace parte de una nueva forma de fanatismo, que permite la libertad de pensamiento, siempre y cuando se piense como quieran estos “progresistas” que censuran al hoy Procurador. Curiosa forma de “progresismo”.
A este grupo se le suman también todos los que han vivido escándalos de corrupción, incluyendo familiares, amigos y beneficiarios del Proceso 8.000, en adición a todos los que han sido sancionados por desfalcos al erario, por el actual Procurador. Ahora resulta, que el personaje que más ha luchado contra la corrupción de este país, demostrado en actuaciones por doquier, se le acusa de corrupto. ¡Los pájaros tirándoles a las escopetas!
La nueva crítica es que el Procurador debe renunciar a la terna por cuanto ha tenido tiempo para hacer campaña. Como si el error fuese de Alejandro Ordóñez y no de la lentitud del Gobierno y del Consejo de Estado. La ineficiencia en armar la terna de ninguna manera puede atribuirse a uno de los candidatos a la misma y no es su responsabilidad.
Que el Procurador piense distinto a lo que piensan sus antecesores es el mejor ejemplo de que estamos en una democracia plural, en la que a nadie se le puede juzgar por sus convicciones morales e ideológicas. Sin embargo los “fanáticos progres” prefieren que todos piensen como ellos y actúen como a ellos se les dé la gana. Esa es su forma de democracia participativa.
La última joya de los “fanáticos progres” es armar sentencias basadas en su manera de pensar, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados de tiempo atrás la Corte Constitucional, cuando por encima del interés público, hace sentencias “cuasi ejecutivas” aun en propia contravía de la Constitución Política, y desconociendo la representación política del Congreso de la República. Ahora tres magistrados deciden cómo debería actuar el Procurador General de la Nación y sus funcionarios y aplican en pleno siglo XXI una nueva forma de “inquisición de opinión”. Los tres sujetos pretenden que no tengamos derecho a la objeción de conciencia, y que entonces todos los colombianos terminemos respondiendo a la conciencia de la manera de pensar de ellos. Simpático además que los tres sujetos pretendan que los funcionarios públicos dejen su conciencia en casa o que las instituciones privadas no puedan ser fieles a sus convicciones y mandatos que les dieron origen. ¿Acaso esto no significa violar nuestro sagrado derecho a opinar y expresarnos según nuestra individual manera de pensar?
Aspiraríamos muchos a una nación donde los jueces y magistrados respeten la libertad de opinión de las personas.