El reto de San Andrés
El tema de un fallo adverso a Colombia en la CIJ empecé a tratarlo en esta columna hace 9 años. Por todas las vías y medios se buscó mi silencio. Conté con la solidaridad y apoyo irrestricto de mi amigo entrañable Juan Gabriel Uribe, entonces director de esta casa editorial, quien una y otra vez desatendió prevenciones y advertencias. Él y yo aprendimos de nuestro jefe Álvaro Gómez Hurtado que la libertad de prensa y opinión no admite pausas ni paréntesis de naturaleza alguna. Hace algunas semanas volví a dejar en claro -en forma solitaria- la eventualidad de una sentencia lesiva a los intereses en entrevista a Semana.
El Presidente de la República y la ministra de Relaciones Exteriores me han designado miembro del grupo que se encargará de evaluar y proyectar la situación post-fallo y llega así el momento de suspender mis opiniones sobre esta tema desgarrador para Colombia. Mi capacidad analítica estará totalmente dedicada a servir los intereses de nuestro país y este ejercicio demanda cautela y discreción.
No hay otra vía que el entendimiento racional entre Colombia y Nicaragua. No se trata ahora -y será necesario que así lo entiendan los colombianos- de reclamar con pasión exaltada propiedad sobre áreas extensas sino de asegurar la permanencia de derechos ancestrales de la comunidad raizal, preservar las cadenas de arrecifes coralinos y evitar que largos trechos de zona económica exclusiva se conviertan en corredores marítimos del crimen organizado. Sobre estos puntos el presidente Santos ha mostrado serena firmeza.
En curiosa coincidencia, el pasado viernes laNational Oceanicand Atmospheric Administration de EE.UU. propuso la protección de 66 especies de coral, 59 en el Océano Pacífico y 7 en el Mar Caribe. En su anuncio, la NOAA dice que arrecifes coralinos saludables tienen valor económico gigantesco y son los ecosistemas biológicamente más diversos del planeta. Los arrecifes, agrega la NOAA, brindan el hábitat requerido para alimentar millones de personas, generar empleos, multiplicar ingresos a economías locales y proteger las líneas costeras de erosión y tormentas.
Indiferentemente de la jurisdicción donde se encuentren o el aprovechamiento económico potencial que puedan tener, los arrecifes coralinos son necesarios para la subsistencia de nuestros compatriotas del archipiélago. La cadena coralina más extensa se encuentra dentro de la franja que separó a Providencia y Santa Catalina de Quitasueño el fallo de la CIJ. Exploraciones de hidrocarburos matarían literalmente nuestra comunidad en las islas. Y esto no lo podemos admitir los colombianos.
Las rutas del narcotráfico que parten del Golfo de Urabá y pasando al norte de Cabo Tiburón suben hacia EE.UU. circulan por nuestro archipiélago. Ni EE.UU. ni Colombia ni Nicaragua pueden permitir que reclamaciones o propiedades de nombre den patente de corso a criminales.
Pese al impacto producido por un fallo en muchas partes inconsistente, es necesario elevar la mirada en el futuro. Cuando se arguye que la globalización borra fronteras y la raza se hace cósmica, como lo predijo el economista e historiador mexicano Daniel Cosío Villegas, es forzoso proyectar entendimiento y consenso entre Colombia y Nicaragua, pues lejos estamos aún de la evaporación del Estado-nación. Sobre todo si se refiere al espacio vital de los derechos de una comunidad que crece sobre el azul Caribe en Colombia, Jamaica, Gran Caimán, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Es imperativo preservar el porvenir de mujeres y hombres de carne y hueso, eliminando la perspectiva de daño ecológico irreparable que traerían exploraciones de crudo y congregando esfuerzos para su seguridad. Este es el reto de la hora.