Actualmente es imposible negar la relación entre el calentamiento global y fenómenos naturales como olas de calor, fuertes precipitaciones o temporadas de sequía. De hecho, se calcula que en el planeta cerca de 3.500 millones de personas viven en situación de permanente vulnerabilidad al cambio climático, y, como siempre, las comunidades vulnerables – que contribuyen en menor proporción al cambio climático - son las más afectadas.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático: “El aumento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos ha expuesto a millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria aguda y ha reducido la seguridad hídrica”. En un reciente informe, el citado grupo señaló que la temperatura de la superficie del planeta es 1,1 grados Celsius más cálida que antes de la revolución industrial, es decir a mediados del siglo XIX. Así mismo, señala que nunca se había presentado un calentamiento tan acelerado como el registrado en los últimos 50 años y que aproximadamente el 79% de las emisiones globales proceden de la industria, el transporte y la edificación. Todo ello por cuenta de los gases de efecto invernadero, generado por las actividades del ser humano, que, dicho sea de paso, es la única especie responsable de tal situación.

En tal sentido, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, aprobó en días pasados una resolución en la que solicita a la Corte Internacional de Justicia, que precise acerca de cuáles son las obligaciones de los Estados respecto de la justicia climática. Así mismo, se pide a esta instancia internacional que se especifique acerca de las consecuencias jurídicas que pueden derivarse por actos u omisiones que “hayan causado daños significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente”.

La justicia climática implica un trato más equitativo y justo de quiénes más depredan el medio ambiente, en favor de las naciones más perjudicadas por esta crisis, lo que supone ciertas responsabilidades que deben ser reparadas en favor de los más vulnerables.

Los datos de inequidad e injusticia climática son contundentes: El Banco Mundial calcula que los países de renta alta, emiten 44 veces más CO2 y consumen en promedio 10 veces más que los de rentas bajas. La histórica decisión de la ONU, abre las puertas a posibles reclamaciones jurídicas y a la adopción de medidas más contundentes en la lucha contra el cambio climático, que pueden derivar en reparaciones para los llamados países del sur global, que, sin lugar a dudas, son los más afectados.

La discusión sobre cambio climático no es un tema de ideologías, activismo, y, mucho menos, de debate político entre izquierda y derecha como pareciera entenderlo algunos líderes en nuestro País. Los esfuerzos son insuficientes y se requiere de una acción mucho más global, para la muestra, 121 naciones votaron de manera explícita la trascendental decisión, entendiendo que se trata de un asunto de toda la humanidad. Como destacó Antonio Guterres secretario general de la ONU: “para algunos países las amenazas climáticas son una sentencia de muerte”.