En una segunda rectificación que recibió el presidente Petro de parte de Antonio García (la primera fue cuando imprudentemente anunció el 31 de diciembre de 2022 que se había llegado a un acuerdo sobre el cese al fuego), le hizo notar que se había equivocado al mencionar mayo de 2025 como la aurora boreal de la paz en Colombia.

Esta fecha, dijo García, no es más que el término previsto para concluir los procesos de participación de la sociedad civil según lo acordado en la agenda divulgada en México el 10 de marzo de 2023. Pero no la conclusión de las negociaciones con el Eln propiamente dichas, como jubilosamente anunció el presidente Petro.

Esta segunda rectificación que recibe el presidente de Colombia del jerarca del Eln, además de mostrar la enorme improvisación como viene manejándose todo lo concerniente a la paz, plantea varios interrogantes de fondo.

Si mayo del 2025 es apenas la fecha límite para estar dando por concluidas las consultas con la sociedad civil consignados en los puntos 1, 2 y 3 de la frondosa agenda acordada en México; y esta fecha es anterior según Antonio García, a la iniciación de las discusión sobre el punto 5 de la agenda titulado “Fin del conflicto armado”, ello significa que prácticamente lo que queda del gobierno de Petro se irá en unas agitadas movilizaciones sociales; y que no se alcanzará en este cuatrienio a “superar el conflicto armado y erradicar la violencia de la política”, objetivo último como reza textualmente el punto 5 de la agenda acordada en México.

Quizás esto es lo que quiere el Eln. Pero no el país, que aspiraría a tener unos acuerdos de paz firmados con este grupo con una antelación mayor.

Ahora bien ¿en qué consiste el proceso de consulta a la sociedad civil que va a comenzar y que habrá de durar por lo menos dos años, según la rotunda rectificación de Antonio García al presidente de Colombia?

En los acuerdos firmados en La Habana se dice que se creará un “gran consejo de participación nacional” cuya composición y funciones se desconoce. Pero es de suponer que este gran consejo será el núcleo en torno al cual se despacharán las atiborradas directrices consultativas señaladas en los puntos 1, 2 y 3 consignadas en la agenda de México; que prácticamente consisten en un mandato para refundar a Colombia y cambiar de la A la Z todas nuestras instituciones.

Las grandes preguntas que quedan flotando en el ambiente son entonces las siguientes ¿Las conclusiones a las que se llegue en este ejercicio de participación con la sociedad civil qué carácter tendrán? ¿Serán de carácter vinculante o serán meramente insumos para ser tenidos en cuenta en la mesa de negociación con este grupo alzado en armas?

Este fue uno de los puntos más difíciles con que tropezaron las negociaciones adelantadas con el Eln en el Ecuador en 2017 y 2018. Ese grupo insistía, hasta el cansancio, que las opiniones de la sociedad civil debían tener carácter “vinculante”, es decir, que estaban por encima de cualquiera otra instancia y debían incorporarse a la legalidad colombiana de manera automática. La delegación gubernamental se opuso rotundamente a esta pretensión. Se argumentó que las conclusiones que salieran de un mecanismo de consulta con la sociedad civil no podían estar nunca por encima de la Constitución y de la Ley, y que para incorporarlas a la legalidad colombiana era indispensable transformarlas en Ley, o en enmiendas a la Constitución vigente.

Aquellas pretensiones del Eln, es de suponer, que revivieron durante los tres ciclos de negociaciones que se han cursado hasta el momento en la nueva ronda de diálogos.

Cuando se lee desprevenidamente la abigarrada agenda acordada en México no es difícil adivinar que el Eln mantiene su pretensión de que lo que se acuerde con la llamada sociedad civil tendrá carácter obligatorio o vinculante. Algunos apartes de la agenda así lo sugieren. Por ejemplo, en el preámbulo se habla de que “las partes de este proceso identificamos la necesidad de un gran acuerdo nacional”; e igualmente se indica que el dialogo tiene como objetivo “pactar las transformaciones que requieran las regiones y el país en su conjunto”; y finalmente en el punto 6.4 se habla de que los acuerdos serán objeto “de validación democrática por medio de la participación de la sociedad en el proceso de paz, de principio a fin”.

Este afán para volver “vinculante” lo que no puede ser más que “consultivo” encuentra también ecos en algunos apartes del lenguaje presidencial. Por ejemplo, en el discurso de la victoria pronunciado el día de su elección el presidente Petro utilizó en repetidas ocasiones la palabreja de “vinculantes” que deberían tener las consultas ciudadanas para elaborar el plan de desarrollo. Y, recientemente, en acalorado discurso desde la tarima pública, volvió a hablar de que lo que venía ahora eran unas asambleas populares que debían funcionar en cada uno de los municipios de Colombia, presididos por los ministros a los que lanzó la advertencia de “que si no les gustaba se iban”. Vivian Morales en un lúcido artículo publicado en el periódico El Tiempo el pasado 13 de junio se preguntó igualmente “¿qué es eso de las asambleas populares?”.

Lo que debe quedar muy en claro es que pretender darle el carácter de vinculante a las asambleas populares que se anuncian o a las conclusiones del gran Consejo de la consulta ciudadana, configuraría en la práctica el montaje de una asamblea constituyente por la puerta de atrás. Y sin respeto por las instituciones vigentes ni de la opinión ciudadana que ciertamente es diferente a la que puedan expresar 100 o 200 estamentos representados en el gran “Consejo de la participación” que ahora se anuncia.

En síntesis: vamos a entrar durante el próximo año y medio, no a negociar la paz, que queda suspendida según la rectificación hecha por Antonio García al presidente, sino en un periodo en el que además de organizar el cese al fuego con este grupo que todavía está biche, se concentrará en hablar con la llamada sociedad civil. Vamos a entrar en “un estado dialogante” y no de negociación.

La negociación propiamente dicha de la paz con el Eln (punto 5 de la agenda) sólo comenzará entonces en año y medio o dos años, incluida la discusión sobre la entrega de armas y la incorporación de este grupo a la vida civil que es finalmente el objetivo buscado.

En el entretanto, sería bueno que desde la mesa de negociación se informara si la condición de “vinculantes” se mantiene o no para las conclusiones que salgan del gran consejo de la participación, que ahora se anuncia con bombos y platillos.