Se lanzó la cuota inicial de la entrega a plazos del Informe de la Comisión de la Verdad, cuyo primer capítulo -La Declaración- leí con juicio; algún día ojearé las 500 páginas de testimonios, incluyendo víctimas que presumo seleccionadas para ‘esconder’ a las de las Farc, que seguirán mendigando verdad y justicia; y frente a las 1.000 páginas de “Hallazgos y Recomendaciones”, me quedé con estas últimas para hacer algunas observaciones.

En principio, la Comisión  no se conformó con su misión de buscar ‘la verdad’ sobre el mal llamado conflicto; sino que terminó dando “recomendaciones” para todo, ajustadas al Acuerdo con las Farc y “no vinculantes”, algo que al nuevo gobierno no le importará, pues también se ajustan a su Programa, como en una especie de ‘bloque ideológico’ para una “Paz Grande”, lo cual es un reconocimiento tácito de que la del acuerdo fariano, con pretensión de ‘estable y duradera’, fue apenas una ‘paz chiquita’.

Se advierte con fuerza la intención de socializar la responsabilidad de las Farc. “Somos muchos -en diverso grado, por acción o por omisión- los responsables de la tragedia”. Si la culpa es de todos y tratándose de una institución exigida por las Farc y con comisionados seleccionados a su acomodo, no extraña que ‘la verdad’ se ajuste a sus intereses de impunidad, convirtiendo a toda la sociedad en ‘coautora’ de sus crímenes.

Abundan cifras mágicas y lugares comunes, como los 8 millones de hectáreas “arrebatadas a campesinos” y la “descomunal concentración de la tierra”, para luego ‘recomendar’ la profundización de la Reforma Rural del Acuerdo fariano, también prioridad del gobierno Petro, con la anunciada ‘democratización’, el Fondo de Tierras potenciado, las Zonas de Reserva Campesina, la Jurisdicción Agraria y el Acuerdo de Escazú; ante lo cual los productores rurales deberán aferrarse al respeto a la legítima propiedad de la tierra, que logró quedar consagrado en el Acuerdo después del plebiscito.

Los 6.402 falsos positivos, recogidos de informes espurios de ONG sesgadas contra la Fuerza Pública, así como la justificación de “La explosión de los jóvenes de Cali y otras ciudades”, fruto de su “energía e indignación”, que no del probado apoyo económico del Eln (Alias Uriel) y de trasferencias de un banco ruso, sustentan otras ‘recomendaciones’: la Policía al Ministerio del Interior, la supresión del Esmad y del servicio militar, la revisión de la Justicia Penal Militar y de  la inteligencia y contrainteligencia, y en general, la reforma de la Política de Seguridad.

Sobre este tema no faltan juicios de valor con tufillo de izquierda, como el “sistema de seguridad armada que no logra su cometido”, o la responsabilidad del “Estado -y las élites que lo gobiernan- que delegó en las Fuerzas Militares la obligación de defender las leyes, el poder y el statu quo”.

Es una “verdad ambivalente”. Se reconoce el abandono histórico del campo, pero se insiste en la pretendida concentración de la tierra como causa de todos los males. Se justifica la impunidad para los crímenes de las Farc, mientras se insiste en “frenar la impunidad”; se reconoce el papel de la Fuerza Pública, pero se la condena y se busca ‘neutralizarla’. Se señala el impacto nefasto del narcotráfico, pero se recomienda neutralizar la erradicación de cultivos, promover la legalización y hasta el sometimiento con beneficios jurídicos, es decir, el Perdón Social.

A la Comisión tampoco le gusta cómo se elige al Fiscal, y claro, no podía faltar la negociación con los elenos y más burocracia para la paz, con ministerio incluido, que se sumaría al de la Igualdad, como si la burocracia solucionará problemas. En fin… 

@jflafaurie