Se instaló esta semana, de manera oficial, la Comisión de la Verdad, con rango constitucional como todos los acuerdos de La Habana.  Se contempla su actuación en el Acuerdo Final de Paz, en su aparte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, dentro de un marco de principios básicos, sobre los que es imposible no estar de acuerdo, pues se trata de atender los derechos de las víctimas, de prevenir nuevos hechos de violencia; la paz como derecho y el Estado como obligado a alcanzarla.

Se pretende con su actuación que todos los colombianos conozcamos la verdad sobre el conflicto; sus causas y orígenes, sus desmanes, sus partícipes, procedimientos, alcances, duración, etc, y todo lo demás que sea necesario para cumplir con el componente clave, revelador de lo acontecido y paso fundamental para poder llegar a la verdadera reconciliación.  Tarea bien difícil, por la duración de más de cincuenta años de conflicto, por la participación de muchos sectores sociales y las mismas fuerzas militares del Estado, por la pluralidad víctimas y por el narcotráfico que se incrustó como mecanismo de financiación. Seguramente habrá un informe final al que podremos acceder todos los colombianos.

La verdad es un ingrediente indispensable para poder restablecer el tejido social perdido por tantos años de destrucción.  Es imposible perdonar sin saber a quién y por qué hacerlo.

El posconflicto vive un mal momento por el descrédito que los recientes sucesos han ocasionado frente a opinión pública; como la embolatada de algunos de los recursos, incluyendo aportes extranjeros; la contratación irregular con parientes de los funcionarios responsables de administrarlos; el conflicto de poder burocrático y presupuestal al interior de la JEP; la solicitud de extradición de Santrich por narcotráfico ocurrido después del primero de diciembre de 2016,  y la huida de Márquez al Catatumbo, antes de las denuncias de un periódico estadounidense sobre su posible participación en narcotráfico, entre otras notas de su comienzo.

Los ojos hoy están puestos sobre la Comisión de la Verdad, que no se presente otro fiasco.  Esperamos que el organismo y sus miembros actúen con independencia, con rigor investigativo y que produzca el esperado informe con celeridad sabiendo, todos, la complejidad de su tarea.

No tenemos antecedentes en Colombia de tareas similares, salvo la que ordenó la Corte Suprema de Justicia hace algunos años para la verdad de la toma del Palacio de Justicia por el grupo guerrillero M-19 y la retoma por el ejército.  El informe final fue efectivo y aleccionador.  De allí no solo se llegó a una verdad sobre lo ocurrido, sino que jalonaron otros componentes como el de justicia. Es un precedente del que hay que aprender, a pesar de las limitaciones de recursos que tuvieron sus integrantes.

Esperemos no estar ante una frustración más, sino frente a un grupo de colombianos que asume el encargo que les compete con la mayor responsabilidad y compromiso histórico.