Una justicia transicional para la reinserción de las Farc era legítima, pero no el esperpento de “justicia especial” que socavó las instituciones, permitió impunidad para décadas de crímenes de lesa humanidad y, de contera, en su corta vida se tiño de mentira y escándalo. Breve historia:
Junio 2014. Sin sonrojarse, Santos le riposta a Óscar Iván Zuluaga que “cualquier responsable de crímenes de lesa humanidad tiene que ir a la cárcel”.
Febrero 2015. Reelegido Santos, Iván Márquez advierte con arrogancia: “Para los guerrilleros, cero cárcel”.
Junio 2015. A falta de acuerdo en la mesa, una comisión de tres delegados de las Farc y tres del Gobierno -con bendición de las Farc-, construye en dos meses la mayor claudicación del Gobierno: la JEP, incluyendo conexidad del narcotráfico y “justicia restaurativa” que disfraza la impunidad para delitos atroces.
Septiembre 2015. Santos anuncia desde La Habana que con la JEP “lograremos el máximo de justicia posible para las víctimas”, y a renglón seguido sostiene que, sin embargo, “La última palabra la tienen los colombianos”, algo que repetía con la seguridad de quien ha comprado todos los billetes; para luego, con evidente abuso de poder, desconocer el plebiscito y asaltar la democracia.
Septiembre 2017. El “Comité de Escogencia”, conformado por cinco miembros con claro sesgo ideológico, nombra magistrados, juristas extranjeros -‘amicus curiae’- y a Patricia Linares como presidente de la JEP.
Abril 2018. En medio de investigaciones renuncia el secretario Correa, quien acusa a Linares de conspirar para sacarlo por ambiciones burocráticas. Hoy la JEP tiene ¡897 funcionarios! y en su corta vida, al término de 2019, le costará al país medio billón de pesos.
Abril 2018. Santrich es detenido por narcotráfico. Iván Márquez abandona Bogotá y, junto con “El Paisa”, desaparece y, hasta hoy, la JEP, como si nada.
Mayo 2018. Samuel Hoyos pide investigar al exsecretario Correa por la escandalosa autorización de viajes “vacacionales” a cabecillas de las Farc, entre ellos al de la bomba en el Club El Nogal.
Junio 2018. Estados Unidos pide a Santrich en extradición por delitos de narcotráfico, cometidos después de la firma del Acuerdo. Con clara intención dilatoria, la JEP insiste en pedir pruebas; se da el “oso” de la carta que nunca llegó y USA niega la entrega de las pruebas.
Febrero 2019. Se destapa el “te contrato, me contratas”. La nueva secretaria, María del Pilar Bahamón, exsubalterna de Miguel Samper y del hermano de Linares, también contratado por Samper, devuelve favores a este último con un contrato por 50 millones en 30 días, y también al exvice TIC, Sebastián Rozo, con uno de 113 millones en 41 días. Otra hermana de Linares –Claudia- ocupa un alto cargo en el Sistema sin que a nadie parezca importarle.
Marzo 2019. Carlos Bermeo, fiscal de la JEP, es detenido recibiendo un millonario soborno por, presuntamente, incidir en el caso Santrich. Aunque así no sea, es corrupción aberrante que se suma a los escándalos de la naciente justicia, mientras para los defensores de la impunidad todo se reduce a montajes y agentes infiltrados ilegales.
El fiscal y amplios sectores han hecho reparos a la Ley Estatutaria; yo mismo soy firmante de una carta que le pide al presidente objetarla parcialmente, buscando evitar impunidad para reincidentes, para quienes empezaron a delinquir antes de la firma y lo siguieron haciendo, y para delitos sexuales contra menores.
Es urgente que la JEP haga lo necesario para ganar respetabilidad y confianza, como es urgente acotar sus competencias en la Ley Estatutaria. Presidente: usted tiene la palabra.
@jflafaurie