Hace unos tres años, cuando la oposición ganó la mayoría de les escaños en la Asamblea Legislativa venezolana, llamaron la atención las jugadas que hizo el Gobierno del vecino país, a toda carrera, para reintegrar el Tribunal Supremo a su gusto y talante,  antes de la posesión de los nuevos Diputados de la Asamblea.  Efectivamente, el propósito fue tomarse el Tribunal Supremo, por el Partido de Gobierno, para desde allí, controlar las actuaciones de la Asamblea Legislativa.   Por supuesto que lo consiguieron y desde ese entonces todo lo que hace la Asamblea Legislativa lo desbarata el Tribunal Supremo, bajo pretexto de guardar la Constitución.

Así tenemos que el golpe de Estado se viene dado desde entonces en Venezuela, a instancias del Gobierno, con la colaboración de un Tribunal Supremo de bolsillo, la cortesana, que no hace cosa distinta que hacerle el juego y darle gusto al Ejecutivo y garrote a la oposición.

Lo que vimos la semana pasada no fue más que un golpe de gracia a la ya bien menguada capacidad de la Asamblea Legislativa, con mayoría de sus miembros opositores al Gobierno. Afortunadamente se les fue la mano a los golpistas; eso de que un Tribunal de Jueces, por supremo que sea, se abrogue las competencias de una Asamblea Legislativa, elegida por representación popular, no se veía desde la edad media;  configuró el colmo de las  ocurrencias de un dictadorzuelo y lo pusieron en evidencia sobre sus reales pretensiones. Fue obvio de quién vino la orden. Tal actitud despertó incluso a los gobiernos del continente que se la han pasado haciéndose los de la “vista gorda” con lo que viene sucediendo desde hace varios años en Venezuela, cuando  el reelecto Presidente no permitió el reconteo de votos en unas elecciones donde todo indicaba  que las había perdido.   En el vecindario fue variopinta la reacción, de un lado los líderes de “republiquetas”, como la Boliviana, que salieron a aplaudir el golpe, hasta otros que llamaron a sus embajadores a consultas, en señal de desaprobación.

En hora buena, aunque bastante tardía, la declaración del pasado lunes de la OEA, sobre “la grave  alteración inconstitucional  del orden democrático”  en Venezuela; por supuesto que hay que activar la Carta Democrática  del 2001 y proceder con todas las presiones diplomáticas y las actuaciones tendientes a evitar que se termine de menoscabar lo que queda de la democracia venezolana. 

El despropósito del Tribunal Supremo de la semana pasada, tiene uno mayor, y es el de  Maduro, ordenando al mismo Tribunal Supremo que se retracte de su usurpación de funciones,  la cual atienden sin demora, poniendo en evidencia el absolutismo de dicho Estado. No dejan duda  los acontecimientos de la última semana de quién concentra los poderes públicos en la vecindad y desde hace cuánto tiempo; eso del equilibrio de poderes y de los pesos y contrapesos, no pegó por esos lares.