Se encuentra disponible el comunicado de prensa de la Corte Constitucional mediante el cual se dan a conocer los argumentos centrales de la sentencia SU-16 de 2020 que condena al Oso Chucho a seguir por el resto de su vida en el Zoológico de Barranquilla, en un espacio de 170 metros cuadrados, bajo el argumento de que se había vulnerado el derecho al debido proceso a la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, con la decisión tomada por el magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, amparando con el habeas corpus la libertad de Chucho, al considerar que el mecanismo de protección constitucional es propio para defender la libertad de los animales racionales, no la de los irracionales.
Dice la posición mayoritaria de la Corte que es necesario avanzar en el perfeccionamiento de los instrumentos que permitan obrar de manera efectiva contra las acciones u omisiones que contravengan la Constitución en materia de bienestar animal y que, por tanto se debía, entre otros, actuar ante Corpocaldas para solicitar la intervención de las autoridades ambientales.
El nivel de desconcierto no puede ser mayor: ¿Acaso no es Corpocaldas justamente la garante de la vida silvestre en su jurisdicción y la responsable directa de tanto abandono y desprecio por la vida de Chucho? Suave argumento para demostrar un franco desinterés por lo que le sucede a los animales que son enviados a zoológicos, cuando se les convierten en un problema a las Corporaciones Autónomas Regionales.
Suficiente tenemos con la ceguera administrativa y legislativa en estas materias. La sociedad presente tiene un consenso ético frente a la necesidad de tratar con el mayor respeto posible a los animales. En todo caso, desea que las especies silvestres no sean sometidas a cautiverio. En consecuencia exige que los jueces de la República miren con compasión y empatía a quienes pasan sus vidas encerrados solo para satisfacer un delirio pedagógico que, en últimas, no es más que un encubrimiento de intereses económicos prevalentes en esta lógica caduca. Los jueces no pueden servir de lazarillos mudos de las demás autoridades, haciendo como que no ven lo que sucede en la realidad. Ellos son los encargados de reencausar los valores y principios constitucionales para hacer realidad los fines que perseguimos como sociedad.
Pareciera, entonces, que en el país que ocupa el segundo puesto en biodiversidad, las autoridades, especialmente frente a las especies en vía de extinción, actuaran como si fueran recursos ilimitados. Por tanto, no merecen respeto y menos su consideración. Son cosas que a lo sumo merecen protección constitucional y, por tanto, no ven necesario reconocerles a algunos animales derechos, ni siquiera el de existir como especie. Solo cumplen funciones en los ecosistemas.
Al paso que vamos estamos a nada de que se sostenga que Chucho, Remedios y los demás animales que están en los zoológicos son culpables por dejarse coger a las buenas o a las malas por los humanos. Definitivamente es moralmente más tranquilizador sostener que la culpa es del oso por abandonar su entorno, a determinar que hay servidores que no sirven, funcionarios que no funcionan y que, por tanto, el animal merece su libertad.
@ludogomezm, luisdomingosim@gmail.com