Gustavo Petro, en su reiterado discurso sobre supuestos “golpes blandos” e incluso “golpes de Estado”, intenta imponer sus alucinaciones que, profundamente desconectadas de la realidad, podrían transformarse en una amenaza tangible para Colombia: el riesgo de un verdadero “golpe” a la democracia. Las señales de alarma, cada vez más intensas, advierten sobre el peligro que enfrenta el proceso electoral de 2026.
Por un lado, el deterioro del orden público en amplias zonas del país, junto con el creciente poderío de los grupos armados ilegales, ha socavado la tranquilidad y seguridad ciudadanas. Esta situación no solo vulnera el derecho fundamental al voto, sino que crea un ambiente de miedo e intimidación que coarta la libertad electoral. Tan crítica es la situación que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha advertido que las elecciones de 2026 “están amenazadas por los grupos violentos”. Esta afirmación puede tener dos lecturas: por un lado, expresa la preocupación del gobierno ante su incapacidad de garantizar un proceso electoral seguro; por otro, insinúa un mensaje subliminal sobre una posible suspensión de elecciones en zonas bajo control de estos grupos, afectando así a una porción significativa del país.
La permisividad del gobierno frente a esta escalada de violencia, y su insistencia en diálogos interminables, sin condiciones ni resultados, con grupos criminales, han debilitado la capacidad de la Fuerza Pública. Mientras tanto, los delincuentes se desplazan por campos y ciudades como si fueran sus feudos, cometiendo toda clase de crímenes y aterrorizando a la población, respaldados por pactos de cese al fuego que los eximen de cualquier restricción.
Paralelamente, el asedio gubernamental a la Registraduría amenaza con socavar esta institución, fundamental para la democracia. No solo se intentó recortar su presupuesto para 2025, año crucialmente preelectoral, sino que también se han dirigido ataques hacia el registrador Hernán Penagos Giraldo. Aquí, el interés en removerlo parece claro: Penagos representa un obstáculo ante cualquier intento de manipulación o irregularidad electoral.
Petro, a su vez, ha sumado un nuevo capítulo a esta ofensiva al cuestionar la relación contractual de la Registraduría con la empresa Thomas Greg, alegando que su participación tanto en el manejo de los pasaportes -otorgado por su gobierno-, como en las elecciones constituye “un peligro para la democracia”. Siguiendo esta línea, ha instado a modificar el software de la Registraduría, insinuando un interés en alterar el sistema de control electoral del país. El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, subalterno de Petro, presentó una demanda contra presuntos actos de corrupción en un contrato de logística electoral de 2026; adicionalmente, unos ciudadanos han demandado ante el Consejo de Estado la elección de Penagos, argumentando inhabilidades.
Esta situación trasciende las disputas individuales y pone en peligro la institucionalidad misma de Colombia. La democracia ha sido históricamente uno de los pilares que ha permitido a la nación superar crisis y preservar su estabilidad institucional. A pesar de los desafíos, los colombianos tenemos el derecho inalienable a una democracia libre; el gobierno tiene la obligación de garantizar y proteger ese derecho.
Si la seguridad sigue deteriorándose, la Registraduría continúa bajo asedio y el Registrador enfrenta presiones desmedidas, nos dirigimos hacia una distopía política en la que el régimen podría tornarse antidemocrático y tiránico. Colombia no puede permitirse caer en esta trampa. La defensa de la democracia, hoy amenazada, es un imperativo del gobierno y un derecho de todos los colombianos.
@ernestomaciast