La reforma tributaria que fue presentada y retirada por el Gobierno Nacional se convirtió en el elemento detonador de una crisis social en Colombia. Una iniciativa con fortaleza técnica, pero impopular que no contó con el respaldo de los partidos políticos y conllevó a manifestaciones masivas, principalmente de jóvenes, las cuales fueron empañadas por actos vandálicos y denuncias de uso excesivo de la fuerza.

Detrás de las manifestaciones de los últimos días existen diversas razones políticas, pero también es innegable que, en el caso de la mayoría de jóvenes, su movilización es una clara expresión de malestar generalizado porque hoy el país no les ofrece condiciones para su desarrollo y la crisis económica generada por la pandemia los golpeó drásticamente.

El desempleo juvenil ronda el 30%, mientras solamente la mitad de los jóvenes que se gradúan como bachilleres acceden a la educación superior, lo que les cierra ostensiblemente la ventana de oportunidades para ascender socialmente y mejorar sus condiciones de vida. Según estudios de Cifras y Conceptos, 52% de los jóvenes siente incertidumbre sobre su futuro, la inmensa mayoría no cree en las instituciones ni en los políticos y el 74% tienen un concepto desfavorable del presidente de la República.

Nos debe preocupar como sociedad que gran parte de las nuevas generaciones no tengan confianza en las instituciones y vivan en desesperanza. Máxime en la crisis social y económica que atravesamos por los efectos de la pandemia y la convulsión social que afectan las oportunidades de los jóvenes. En esa medida, la protesta juvenil, sin duda envía un mensaje de alarma al país que debe ser escuchado, sin justificar ningún acto de vandalismo ni el abuso de fuerza pública.

Los extremos no nos permiten ver con ponderación el malestar de miles de jóvenes que no encuentran oportunidades ni se sienten representados por las insitituciones. Los cuales nada tienen que ver con las organizaciones criminales que se aprovechan de las manifestaciones para propiciar actos vandalicos, y que por el contrario, de manera pacifica piden ser escuchados y que en la agenda nacional se prioricen temas como el aborto, la protección al medio ambiente, regulación del consumo recreativo de cannabis, entre otros. 

Hoy se hace imperativo el diálogo que permita llegar al desescalamiento de la violencia, al desbloqueo de vivas y que aporte respuestas concretas a las reivindicaciones sociales de la juventud colombiana, lo que debe verse reflejado en más y mejores oportunidades laborales y de estudio, que posibiliten una mejora sensible en las condiciones de vida de la población joven.

Lo que ha ocurrido en Cali y otras ciudades nos alerta sobre la necesidad urgente de construir un consenso que desactive el conflicto social, que nos permita lograr las verdaderas mejoras que exige la sociedad colombiana y responda a las aspiraciones de la población joven que hoy ve con escepticismo su futuro.