Cuando nos referimos a la dosis personal entendemos que se trata de un derecho que tienen las personas en nuestro país para portar una cantidad mínima de droga para su consumo personal, sin que ello comporte un delito y sin que se les considere delincuentes;  que  en principio  son  20 gramos de marihuana, 5 gramos de marihuana hachís y  un gramo de cocaína, como máximo.  Ahora, no se trata de una medida de cantidad absoluta, pues alguien sorprendido con menos puede ser traficante o una persona portando más cantidad, puede  ser simplemente un  consumidor precavido.

El tema  se revolcó desde hace  20 años, cuando  la Corte Constitucional despenalizó el delito del porte de narcóticos, despenalizando cuando se trata de  la dosis personal,  invocando el derecho fundamental al libre desarrollo a la personalidad y hasta ahora se ha considerado en el mundo entero que el problema del consumo debe ser tratado con políticas  de  salud pública,  el consumidor es un enfermo y no un delincuente  y el tráfico de estupefacientes con políticas criminales, pues el traficante  está delinquiendo y es allí donde debe actuar el derecho punitivo del Estado.

El Fiscal General de la Nación anunció la pasada semana que presentaría un proyecto de ley en el Congreso para reformar el tema de la dosis personal, argumentando que “Lo que no podemos permitir es que los comerciantes del narcomenudeo se estén amparando día a día en la tesis de que es su dosis personal”.  El hecho dio lugar a posturas políticas, editoriales de importantes periódicos, entrevistas y hasta columnas de opinión.

La voz autorizada del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en entrevista concedida, opina que se trata  de retroceso en contravía de lo que se hace en el mundo entero,  de un planteamiento y un debate mal conducido; que ese alto tribunal nunca ha absuelto a nadie a quien la Fiscalía le haya probado que estaba traficando con drogas y que penalizar a los consumidores sería un error, algo como dar pasos atrás.   Para el Magistrado, el Fiscal ridiculiza la posición de la jurisprudencia.

La razón acompaña al Presidente de la Penal de la Corte Suprema; el problema no se soluciona con recalificar el delito, ni aumentando las medidas para  la dosis personal o criminalizándola otra vez como en antaño;  el problema no se soluciona modificando la ley.  Tenemos la mala costumbre de creer que todo problema delictivo se soluciona modificando las leyes, sin el adecuado estudio y sin obedecer a una real política estatal sobre la materia.    La inflación legislativa es peor que la monetaria.

Se trata de un asunto probatorio.  La Fiscalía debe probar ante los jueces que una persona es traficante y no consumidor, independientemente de la cantidad de droga que lleve al momento de ser sorprendida o capturada. Lo que falta en realidad es más investigación en los casos. Suponer que el problema se arregla modificando la ley es una vana ilusión, convertir en delincuentes a personas  enfermas y dependientes de las drogas es un retroceso.