La erradicación manual voluntaria de cultivos ilícitos podría representar una solución efectiva en la lucha contra el narcotráfico y sus consecuencias devastadoras. El Gobierno, al fijar una estrategia en este sentido, ha dado un paso significativo, comprometiendo todos los estamentos del Estado en un proyecto de gran magnitud. Sin embargo, al establecer los protocolos y compromisos podría haber un exceso de optimismo o desconocimiento de la realidad del problema, pues lograr el compromiso del campesinado exige asegurar beneficios concretos y sostenibles para su futuro.
Uno de los principales desafíos es garantizar la comercialización de los productos sustitutos con una estructura económica lo suficientemente robusta; además, el proceso de entrega de cosechas representa un obstáculo significativo, ya que los narcotraficantes facilitan la logística al recolectar su producto directamente en las parcelas, eliminando así los problemas de transporte para los cultivadores.
Asimismo, el pago inmediato en efectivo en el mismo lugar de producción hace que el modelo del narcotráfico sea altamente atractivo para los agricultores. Otro punto crucial es la estrategia de los narcotraficantes para garantizar la estabilidad económica diaria de los plantadores, a través de la entrega periódica de remesas con alimentos y bienes de primera necesidad, asegurando la subsistencia de familias y trabajadores, este apoyo, que luego se descuenta en la liquidación de la cosecha, hace que la propuesta del narcotráfico sea difícil de reemplazar si el Estado no ofrece una alternativa igual de efectiva y competitiva.
A estas dificultades se suma la necesidad de garantizar seguridad en las regiones de cultivos ilícitos ya que mientras los grupos armados ilegales continúen ejerciendo su dominio en estas tierras, cualquier iniciativa de erradicación manual y voluntaria será inviable. De este modo, urge facilitar a la Fuerza Pública recuperar el control territorial y eliminar la influencia de actores criminales, pues su presencia representa una amenaza constante para los campesinos y cualquier programa de sustitución de cultivos.
Es saludable que la ciudadanía reconozca que la Fuerza Pública cuenta con la capacidad y los medios para enfrentar estos grupos que atentan contra el orden, la seguridad y las mismas fuerzas, como sucedió en El Plateado, Cauca y otras regiones del país. Sin embargo, es necesaria una voluntad política firme que permita a nuestros uniformados actúar con la contundencia que la ley les otorga. Mientras no se garantice el reconocimiento a los derechos humanos de nuestros soldados y policías, y no se les brinde el respaldo ante las agresiones de los grupos criminales, será imposible recuperar la dignidad y respeto hacia la autoridad.
Para lograr una erradicación efectiva, el Estado debe ofrecer soluciones viables a los campesinos, garantizar la seguridad en las zonas de influencia y fortalecer el respaldo a la Fuerza Pública. Solo así podremos avanzar en la lucha contra el narcotráfico y recuperar la confianza en nuestras instituciones.