Hace unos días, un odontólogo, en medio de su consulta, dejaba que la única delincuente juzgada y condenada en Colombia por delitos electorales, que son un canto a la bandera, se escapara de un tercer piso, en plena calle 117 de Bogotá, a la luz del trancón y de la ciudadanía que circula por la concurrida localidad de Usaquén. El profesional odontólogo, según el literal b) del artículo 1° de la Ley 35 de 1989, “es un servidor de la sociedad y, por consiguiente, debe someterse a las exigencias que se derivan de la naturaleza y dignidad humanas”, así que el encubrimiento para la fuga de la ex senadora, genera, no sólo un proceso penal, sino uno disciplinario para el profesional de la salud.

Existe una mal entendida autonomía de la voluntad mezclada con la exaltación del subjetivismo, que ha conducido al relativismo ético, que, de manera falsa, disfraza la tolerancia y maneja un concepto de ética de situación o ética de mínimos, lastimoso término que por cuenta de una filósofa española ha tomado carrera, cuando la ética no debe ser de algo sí, algo no, sino aplicable en toda la extensión de la palabra.

La ética es la ciencia práctica que, a la luz de la razón, reflexiona sobre el sentido, la licitud y la validez de los actos humanos, que deberían todos estar impregnados de actos éticos, para restaurar el orden y la armonía de la sociedad, no para la destrucción de la misma, como ocurrió con la manifestación vandálica que el 27 de septiembre, supuestamente para condenar actos de corrupción en la Universidad Distrital, culminó con el conato de incendio e intento de homicidio de los funcionarios del Icetex.

Una ética de actitudes, cuya opción fundamental sea el respeto de la institucionalidad, sea quien sea el gobernante, es lo que debería estar en nuestras conciencias y es lo que desde las casas se debería transmitir a los hijos, para que la herencia que les dejemos sea siempre la del recto proceder como personas que cumplen bajo las genuinas exigencias morales, sus compromisos y obligaciones con la sociedad.

Si bien pareciera que nos encontramos con un estado de cosas inconstitucional, o que seguimos, como dijera Ciro Angarita, en un estado de normal anormalidad, el país pareciera estar sin rumbo, sin un funcionamiento adecuado y, además con actitudes sesgadas o polarizadas, que no son más que la expresión de una aporocracia, es decir, de un gobierno de los pobres mentales, de la pobreza de ánimo, de la envidia y pobreza de magnanimidad y de continuos enfrentamientos por parte de quienes no poseen riqueza de espíritu, ni dignidad, ni paz en el corazón.

Hoy, más que nunca, es apremiante que las personas retomen sus deberes éticos, así lo ha resaltado recientemente el doctor Sergio Iván Anzola Rodríguez, quien acaba de publicar con la Universidad de los Andes su tesis doctoral “El malestar en la profesión jurídica”, que tiene dos propósitos: el primero es explorar y develar, mediante un trabajo de campo realizado en Bogotá, las tensiones que experimentan los abogados entre su ética personal o común y las exigencias que les impone la ética profesional para cumplir su rol particular de abogado. El segundo, indagar las razones por las cuales dichas tensiones han permanecido en las sombras tanto para los abogados practicantes como para el mundo académico nacional, que se ha interesado muy poco por el tema de la ética profesional.

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