Resulta difícil comprender que después de haber expedido el certificado de defunción de la coalición que el presidente prohijó al iniciar su mandato para dar paso a una exacerbada polarización, sectores de la opinión nacional aún contemplen la posibilidad de hallar espacios de entendimiento que constituyan algo más que una simple abdicación de todos los valores que conforman un régimen democrático.

El que Gustavo Petro no haya escondido, durante la campaña electoral y en los primeros meses de su agitado gobierno, ninguno de los contenidos de su programa, y con ello los objetivos de su mandato, desautoriza cualquier arranque de ingenuidad que permita hoy esperar la corrección del rumbo señalado. Las obsesiones ideológicas que lo guían se han extremado y expresado abiertamente en todo escenario, local, nacional o internacional y alimentan los instrumentos estratégicos de su combate político.

Dos son los ejes principales de la actividad política del presidente con los que persigue llevar a buen puerto el control de la sociedad y de las instituciones.

Mediante la paz total, entendida como la legalización de todas las organizaciones armadas ilegales y de los combos urbanos del delito, procura crear instancias de participación ciudadana paralelas que le sirvan de apoyo y excluyan a las que podrían oponerse a sus reformas y designios. Así ha procedido con el Eln y así sucede con el denominado Estado Mayor Central de Iván Mordisco, que después de convenir un acuerdo preliminar para el desarrollo de once puntos conducentes al cese del fuego, se sintió libre de desplegar su arsenal de muerte en los municipios de Buenos Aires, Suarez y Santander de Quilichao en letal demonstración de su poder de fuego y control territorial tristemente consentido por el gobierno. El debilitamiento de las instituciones que conforman la Fuerza Pública, en su mando y recursos, ha sido el primer objetivo del gobierno en procura de una guardia pretoriana que acompañe y asegure el tránsito a la nueva institucionalidad.

Se asoma un nuevo régimen que pretende acompañarse de una profunda revisión de la propiedad como se desprende de los borradores de decretos de reforma agraria que ya circulan entre bastidores.

El proyecto de decreto que elimina la fase judicial para los procesos agrarios de extinción de dominio y adopta la vía administrativa a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, juez y parte, y el que convoca marchas campesinas financiadas por el gobierno para supuestamente defender la reforma agraria, terminarán auspiciando las vías de hecho y la pauperización del agro, con los costos sociales y económicos consiguientes.

La institucionalidad confronta su mayor prueba en la historia reciente del país. El Congreso y los partidos han perdido el apoyo ciudadano, dubitaciones sin resolución paralizan al estamento gremial, los lideres escasean o no alcanzan a avizorar el horizonte deseado, la polarización ensombrece el escenario, la incertidumbre cunde por doquier y la violencia se extiende por todo el territorio.

El gobierno pretende apoderarse de la calle, escenario en el que encontrará réplica.

Es la hora de la Justicia para recuperar la confianza. Ojalá así sea.