Han pasado varios años y la sociedad se sigue quejando de la inseguridad en todos los rincones del país, tanto en el ámbito rural como urbano. Es una inseguridad de innumerables tonalidades, que nos acosa con diferentes presentaciones y disimiles modalidades.
No vamos a profundizar en las causas facilitadoras como generadoras de esta realidad porque son abundantes los estudios criminológicos y criminalísticos que le permiten a las autoridades contar con diagnósticos claros y presentar estrategias valederas para enfrentar esta grave situación, que está soportando nuestra sufrida Colombia. Pese a ello, las decisiones políticas y administrativas se hacen esperar, los presupuestos son precarios, con tendencia al descenso, dejando un margen de sorpresa, duda y desconsuelo en las gentes de bien, que resisten no solo la inseguridad de sus entornos, sino esa condición que calificamos de sensación “con algo de sorna”, pero en realidad es de abandono.
Las redes sociales acompañadas por los medios de comunicación, con gran estupor, día a día están dando cuanta de las constantes amenazas y continuos ataques que sobrellevan las comunidades, y el accionar delictivo, que en la actualidad es violento, desmedido y agresivo, como nunca lo habíamos viviendo en nuestro país. Los delincuentes han optado por agredir las víctimas antes de consumar su acción, como medida de autoprotección, aun sabiendo que la mayoría de ciudadanos, conscientes del riesgo de portar un arma y por orden de las autoridades, transitan despojados de ese medio que les permitan defenderse y encarar una agresión de ese talante.
El escenario se ha tornado tan grave que las comunidades acorraladas por los bandidos se están viendo obligadas a tomar medidas de prevención y defensa, recurriendo a medios artesanales o rudimentarios que les permitan defender su vida, familia y pertenencias, actitud que para nada es recomendable, porque terminaran en excesos, haciendo justicia por mano propia, condición que les traerá funestas consecuencias en todo sentido.
Sabemos hasta la saciedad que la fuerza pública cumple esa misión en defensa de los residentes de nuestra patria, conocemos también los esfuerzos de la policía por lograr un compromiso ciudadano en su seguridad, observando recomendaciones y comportamientos acordes con el orden y las buenas costumbres, pero esos impulsos no son suficientes. Necesitamos compromisos del Estado, así como que las autoridades tomen decisiones de fondo en defensa y seguridad de la ciudadanía en general.
Es imposible lograr convivencia y orden en un país que no cuenta con una infraestructura carcelaria seria, donde la resocialización está muy, pero muy lejos de lograrse y por el contrario los detenidos constituyen un caldo de cultivo, plenos de resentimientos, sin expectativas de vida futura decente y sostenible. El cuerpo de custodia, la institución del Inpec, necesita una reorganización sustantiva, estudiada y programada, para permitir que sus efectivos cuenten con incentivos futuros.