Hemos sostenido a lo largo de los días que uno de los pilares para lograr seguridad, o por lo menos una alta sensación de seguridad, es el componente justica; sabemos que si no tenemos una pronta, justa y eficiente justicia, todos los esfuerzos de la fuerza pública y demás autoridades serán en vano.

Escribo sobre este tema animado por el cambio en la cartera de justicia, reconociendo los esfuerzos de la ministra Gloria María Borrero, quién logró presentar una serie de proyectos o estrategias para resolver la problemática, pero se le acabó el tiempo y muy poco pudo hacer para enfrentar tamaño reto como es el conflicto carcelario en Colombia.

Los problemas son de alta dimensión, por eso le deseo a la doctora Margarita Cabello Blanco, quién debe afrontar muchos asuntos delicados y urgentes en su ministerio, éxito en este tema tan enquistado en su cartera y del cual está pendiente la sociedad en pleno. El diagnóstico es claro y de público conocimiento, pues el nivel de hacinamiento carcelario es enorme y cada día a cambio de menguar se sigue deteriorando.

Todos los gobiernos en su momento han tratado de mejorar la administración de justicia desde el punto de vista penitenciario, pero esos esfuerzos resultaron insustanciales, y la congestión sigue rampante, hasta el punto que los antisociales le perdieron el respeto  al posible castigo que su actuación delictiva le pueda acarrear al desafiar la justicia, porque sabe a ciencia cierta, de la problemática reinante al interior de las cárceles del país, y la posibilidades de lograr la libertad o alguna alternativa extramuros es muy alta, acariciando la posibilidad de salir a delinquir como lo hemos comprobado en varias oportunidades, donde el delincuente capturado en flagrancia goza de  beneficios.

La ministra saliente fue enfática al reconocer que el gobierno tiene entre sus prioridades darle una salida a esa situación y estima un incremento sustancial en los cupos para reclusos en las diferentes cárceles del país.

Una de las posibles estrategias para apalear la situación tiene que ver con la construcción de nuevos centros de reclusión en las principales ciudades colombianas, pero esta alternativa tiene algunos obstáculos, entre ellos el presupuestario y por lo tanto surgen voces esgrimiendo las alianzas público privadas como alternativa. Pero ese es un tema de gobierno, que desde estas líneas no podemos aupar, tan solo nos cabe tocar la iniciativa como espectadores de una problemática del gobierno.

Qué saludable sería lograr el diseño carcelario que brinde resocialización, una vida digna sustentada en lo derechos humanos, como mínimo. Pero por buenas intenciones que tenga el gobierno, mientras no se logre un cubrimiento en cupos carcelarios suficiente y acompañado del digno castigo para encausar y disciplinar los trasgresores de la ley, tendremos la seguridad ciudadana amenazada por una delincuencia actuando dentro y fuera de los centros carcelarios.