Durante la semana anterior, el acontecer nacional estuvo plagado de hechos que inclinan a pensar que la pacificación del país está empantanada.

Solo un comunicado de los partidos Conservador, Liberal, 'la U' y Cambio Radical, pudo desatascar el debate sobre las objeciones del presidente Duque a la ley estatuaria de la JEP, presionando su remisión a la Corte Constitucional para lo de su competencia. Dicho comunicado llevaba implícito el mensaje de “terminemos este desgaste entre los del sí y los del no, y miremos adelante”. Fue la única manera de concluir tres días de un debate atascado, durante los cuales fueron innegables las maniobras dilatorias del presidente del Senado y quedó en evidencia la curva descendente del “liderazgo” del senador Uribe, quién no logró persuadir ni a los congresistas de partidos independientes ni a los de la oposición para acordar salvar siquiera una objeción. ¿Servirá esto para que entienda, que si continúa con su obsesión contra la JEP -como dice su pupilo- se está colocando en el lado equivocado de la historia?

Ahora bien, la misma semana se conoció que 103 exmiembros de las Farc han sido asesinados desde la firma del acuerdo y aproximadamente 3.000 líderes sociales se reunieron pidiendo auxilio pues desde comienzo de 2016 han matado a más de 300. Además, la Fundación Ideas para la Paz presentó el estudio “La Fragilidad de la Transición” en el que una de sus conclusiones dice: “En un contexto de alta polarización y tensiones políticas, el aumento de la violencia y el impacto humanitario de la confrontación en las zonas que históricamente han estado afectadas por la guerra, no están teniendo la atención que se requiere. En medio de las diferencias sobre la implementación de lo acordado, es necesario construir un consenso básico alrededor de necesidad de proteger a las poblaciones, fortalecer la presencia del Estado y su vínculo con las comunidades”.

Y, por si fuera poco, la Corte Constitucional pidió a las autoridades competentes que investiguen si sus magistrados están siendo “chuzados” desde que empezaron a interpretar las leyes de la JEP.

Sin embargo, ocurrió otro hecho que disminuye un poco el pesimismo. Hablo de la valentía del general Diego Luis Villegas al pedir perdón ante la comunidad, porque miembros de las tropas bajo su mando, encabezados por un cabo, asesinaron al exmiliciano Dimar Torres. Perdón que pidió pese a las declaraciones apresuradas e imprudentes que había dado el Ministro de Defensa. Quedó así claro que, ante un hecho tan violento y degradante, hay responsabilidades individuales, no institucionales. El punto a destacar es que se evidenció que la reacción que ha tenido la sociedad y la justicia transicional ante los “falsos positivos”, ya está dando frutos en favor de la pacificación.

Así las cosas, llegó la hora en la que el presidente Duque debe decidir si ante el proceso de pacificación del país que tiende a empantanarse, sigue siendo casi que un observador más o ejerce de lleno sus funciones como Jefe de Estado.

@CarlosAlfonsoVR