Llegó la pandemia a Colombia, como era de esperarse, demostrando una vez más que el virus no responde a fronteras ni a territorios y menos en un mundo global.     Tardía la OMS en declarar la pandemia que ya supera por mucho a lo que estábamos acostumbrados a denominar de esa manera.

Se vienen tomando decisiones en nuestro país para atender lo que se suele llamar un primer frente de salubridad, adoptando medidas tendientes a impedir la expansión del virus y atender los contagiados con el mismo.  Las disposiciones un poco tardías, variopintas, van desde el control la inmigración procedente de países con grandes problemas de expansión del virus, cerrar fronteras en lo que se puede, virtualidad en los establecimientos educativos, prohibir reuniones públicas,   hasta toques de queda en algunas ciudades. Lamentablemente muchas de esas medidas llegaron tarde y algunos de nuestros gobernantes locales, en Bogotá y Medellín, contribuyeron a la difusión del virus con los llamados “pico y placa ambientales”, que lo que hicieron fue congestionar los sistemas de transporte público. Partícula contaminante versus virus, creemos que la elección era evidente.

Llama la atención es que todo pareciera que el Gobierno se quedó en el primer frente, cuando ya debería estar contemplando el segundo, es decir, las consecuencias sociales y económicas del desastre que va a dejar en al país el paso del coronavirus, como lo que sucede durante y después del paso de un tornado. ¿Qué va a pasar con sector productivo que va a dejar de recibir ingresos durante varias semanas, no solo en las grandes empresas, sino en pequeñas y medianas y de gente emprendedora; que no pueden abrir sus restaurantes, tiendas, gimnasios, etc. y que tienen deudas, hipotecas y compromisos con el sector formal, contribuciones parafiscales, etc?  Igualmente, que va a suceder con los inquilinos y toda la gente del sector informal de la economía.

Ya estamos en mora de una declaratoria de emergencia económica, utilizar el artículo 215 de la Constitución Nacional y de dictar las medidas tendientes a que el Estado colombiano arrope a todos los colombianos sin distingo alguno. Hay que hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la vivienda y al trabajo. Se requiere un presupuesto de emergencia para la reconstrucción social y económica de la nación, y los planes de choque que sean necesarios, para lo cual se deberán movilizar los recursos que se requieran.  Pero además, medidas de moratorias y suspensión de intereses para la gente que no va a poder atender sus compromisos de crédito en el sector financiero, los inquilinos que no van a poder pagar la renta; los pequeños empresarios que necesitan pagar sus contribuciones a salud y pensional.

En general, habrá que tomar todo tipo de medidas para apoyar a la gente y de paso recuperar la economía.

No basta superar la pandemia, lo más importante es que el país no pierda su dinámica y que el Estado garantice a todos su bienestar y su futuro. El reto es grande y ya es hora de las respuestas.

Adenda: Entre el momento en el que se escribió esta columna y el de su publicación se decretó la emergencia económica, esperaremos las medidas para analizarlas.