Todos los que hemos tenido algo que ver con la educación en este país, coincidimos en que la famosa reforma de la Educación es la misma Ley 30 con diferente redacción y algunas pocas inclusiones acerca de la educación superior: elevarla a la condición de derecho fundamental, la introducción de los articulitos que ya conocimos en otras reformas acerca de los saberes ancestrales, y las diversidades, los cuales son importantes en las ciencias sociales, sin embargo requieren de investigación científica y social para ascenderlas a disciplina y posteriormente a ciencia.
Es triste que no se hubiese hecho una evaluación de los resultados, productos, avances y debilidades de la Ley 30, como se hizo cuando se elaboró la misma y se evaluó a profundidad el decreto 080 de 1980. Se desaprovecha una gran oportunidad de elaborar una reforma a fondo de la educación superior, para presentar nuevas propuestas, enfoques y retos que exige la educación del siglo XXI. Se ha debido tener una mirada prospectiva que incluya los cambios que en el mundo se están poniendo en práctica en esta centuria y que Colombia está en mora de plasmar en este documento. Y aún más triste el que en su redacción y consenso no se hayan tenido en cuenta las asociaciones académicas, disciplinares y científicas, colegios profesionales, los rectores, y estudiantes, sector empresarial en su totalidad. Y el que no se preocuparon por revisar las recomendaciones y sugerencias de la Comisión de Sabios del 2022.
Ahora bien, toquemos lo relevante y lo no planteado por la reforma veamos: Es significativo el que la propuesta eleve la educación a Derecho Fundamental y que se prepare el sistema judicial para el volumen de tutelas que llegarán. El aumento de participantes en la composición del CESU, que para ser justos se había politizado. El incremento del presupuesto de la IES públicas, tan necesario para que no sigan decayendo especialmente en infraestructura. La supresión de los posdoctorados como parte de los posgrados conducentes a la obtención de títulos, lo que sería impensable en cualquier universidad del mundo. La desaparición del SUE, quien agrupa a las instituciones de educación superior ampliando su espectro, ya que simplemente se le cambio el nombre por Sistema de Educación Estatal. Eliminación del cobro de los derechos de expedición de certificados y constancias académicas, lo que es loable para el bolsillo de los padres de familia. Reconoce en el Sistema de Educación Superior las Escuelas Normales que lamentablemente después de que fui viceministra del ministro Jaime Arias en esta cartera, comenzaron inexplicablemente y de manera absurda a decaer. Ojalá se convirtieran en Instituciones superiores que titulen en Licenciaturas.
En lo que no estoy de acuerdo, así como varios expertos, es en la eliminación del Icetex, tal como lo inspiró ese gran conservador Gabriel Betancur Mejía. Esta institución fue creada para ayudar con créditos educativos a las clases populares y medias del país que no podían acceder a la universidad por falta de recursos, muchos fueron los beneficiados. Es cierto que el tema de los intereses de los préstamos debería ser revaluado. En vez de esto lo reemplazaron por otro, Colfuturo, ayudando a que los estudiantes estudien especializaciones en el exterior, sin clarificar si están incluidas, las maestrías y doctorados.
Lo que realmente sorprende es la no eliminación del nivel de especialización que tampoco existe en ninguna universidad del planeta y que en Colombia ha ayudado con creces a aumentar el lucro tanto de la IES públicas como privadas. Estas especializaciones y lo digo por experiencia propia, son convalidadas en el exterior, como diplomados o cursos de énfasis en educación continuada, pero jamás tienen ningún valor académico que justifique los costos de este nivel educativo, excepto el de las especializaciones médicas y quirúrgicas.
Tampoco existe una articulación con el ministerio de Ciencia y Tecnología con el que se deben compartir las políticas de la educación superior, ya que son el anclaje de dicho ministerio.
Alarma el poder de control en el fomento y sanciones del MEN disminuyéndole el poder al CESU. Y sorprende el aumento del porcentaje del Bienestar Estudiantil, importante obviamente, pero pasar de 2% a 5% el aporte, va a traer serios problemas a las IES, que de hecho están pasando por dificultades económicas por falta de estudiantes.
Me alegra que lo que hicieron fue cambiar la redacción de la Ley 30 en la mayoría del articulado y que se amplíe la concepción a nuevos territorios, pero con estudios serios que permitan que los programas sean pertinentes y que sus investigaciones apoyen los problemas de esas regiones. Sin embargo, me desanima su elaboración egocentrista, sin tener en cuenta a todos los organismos ya mencionados y, lo que es más grave, la adición del “famoso articulito” que dan facultades extraordinarias al presidente para reformar e introducir lo que quiera.