Con motivo de la aprobación de la reforma a la Ley de las TIC, cabe un balance en caliente mientras sale el texto del horno de la conciliación de Cámara y Senado: Primeramente lo bueno de haber aprobado el proyecto de Ley de la forma como se aprobó es que muestra que mejora la gobernabilidad del Presidente Duque minimizando el uso del pote de mermelada, algo que es necesario sobre todo para salir del círculo vicioso de influenciar inapropiadamente entre ramas del poder que debieran ser separadas. El ejercicio de discusión detallada de cada artículo que se hizo en el Congreso es muestra de lo que debiera ser el debate de una ley entre el ejecutivo y el legislativo, en vez de una negociación en bloque contra cuotas burocráticas u otro tipo de prebenda que tanto mal le ha hecho al país; esperemos que esta filosofía siga y el Congreso entienda que no puede pretender seguir con las costumbres de antaño si queremos sacar el país adelante.

En materia concreta del sector TIC, creemos que la fusión a medias de la ANTV con la CRC, así como la forma de selección escogida de sus miembros politizará poco a poco a esta entidad y al final al interior trabajará una maquinaria de dos ruedas separadas que poco o nada tendrán en común pero se entorpecerán mutuamente; afortunadamente la ANE no entró en este salpicón y puede continuar siendo un faro técnico especializado del sector. Esperemos errar pero no le auguramos un buen futuro a la tradición técnica que tuvo la CRC en sus mejores momentos pasados y que se ha ido desdibujando poco a poco.

Atención se deberá poner así mismo a las gabelas y facilidades que se dan a los operadores en la ley, en especial con la posibilidad de hacer uso de recursos de subastas en obligaciones de hacer, que tradicionalmente no han sido adecuadamente auditadas por el Ministerio; aquí la debilidad institucional para ejercer el control puede verse sobrepasada cuando empiecen a indagar los organismos de control por el sustento y criterios que definan que es una obligación de hacer y no se pase la sutil línea de terminar financiándole con dineros públicos los activos productivos a un privado. Nos quitamos el sombrero ante el primer alto funcionario que firme las primeras obligaciones de hacer bajo esta nueva ley; se demorará mucho pensando en esos límites y al final no se sabrá si es muy inocente o más bien un ¡kamikaze!

Gran riesgo correrán aquí también los altos funcionarios que definan valores de los permisos por el uso de este recurso y los pisos de las subastas para el caso de las bandas más apetecidas. Acá habrá que involucrar a Hacienda y hasta al consejo de Ministros en pleno para tratar de blindar estos procesos de subasta. Estamos en mora de pensar en serio en la creación de una Superintendencia especializada con recursos y dientes para asegurar los derechos de los usuarios, el adecuado cubrimiento de las redes y la calidad de los servicios.