Ya surtió el trámite en la Cámara de Representantes y  se encuentra en el Senado de la República el Proyecto de Acto Legislativo que implementa la Jurisdicción Especial para la Paz,  acordada en La Habana en el marco de los Acuerdos de Paz con  las Farc.  Gracias al “fast track” no requerirá de  la doble vuelta exigida  para los Actos Legislativos que reforman la Constitución.

La más reciente polémica la acaba de presentar el Procurador General, quién solicitó que se tenga en cuenta a la Procuraduría en esos procesos. Con toda razón hace su reclamo, que es  más que lógico,  precisamente por la función que le otorga la Constitución al Procurador en relación con la representación de la sociedad, la vigilancia en los procesos judiciales, la protección de las víctimas, etc.  En el proyecto se encuentra completamente ausente la participación de la Procuraduría General de la Nación.

El Presidente de la República respondió la inquietud del Procurador señalando que: “Yo entiendo que la Procuraduría quiera estar presente, es natural, pero no está dentro de los acuerdos. Acordamos que la Procuraduría no debe estar y no tiene que estar presente, no hay ninguna necesidad para que esté presente”.   

Entendemos que la exclusión de la Procuraduría de la JEP  fue un tema tratado en la mesa y acordado, así no esté expreso en los acuerdos. Es decir, se brincaron la Constitución y si no tiene que estar presente allí, como  lo señala el jefe del Ejecutivo, pues uno pensaría que no tiene que estarlo en la jurisdicción ordinaria y  que se está llegando la hora de revisar la institución y sus funciones y a lo mejor nos la ahorremos para todo lo demás.  Pues con otras competencias  esenciales como la de combatir la corrupción, en los últimos años su labor no fue la más efectiva, al punto que,  frente a los recientes escándalos como el de Odebrecht,  deja mucho que desear, pues si no es porque lo denuncia  EEUU, no nos damos cuenta que este cáncer se estaba comiendo el país.

Hemos venido criticando la JEP por estar concebida como una rueda suelta dentro de la institucionalidad  colombiana y hemos abogado por que se articule dentro de ella.  Salvo un remedo de tutela al  que se abrieron los acuerdos, ese propósito no se logró y el ejemplo es precisamente lo que acaba de pasar con el Ministerio Público.  Definitivamente la JEP será una rueda suelta en el sistema judicial colombiano.

Otro asunto relacionado con la JEP salió a la palestra esta semana;  se cuestiona si esta  va a cobijar a todo tipo de funcionarios públicos,  como exministros, militares,  ex congresistas, etc.  Algunos investigados y condenados por   una serie de delitos, andan haciendo cuentas alegres para quedar dentro de los beneficios de la justicia transicional.  No puede perderse de vista que la justicia transicional se acordó para los actores del conflicto y sus patrocinadores; no para delitos que nada tiene que ver con el conflicto; por ejemplo, un falso positivo no tiene relación con el conflicto, ni un peculado por apropiación en favor de terceros.