Como se suele decir a menudo coloquialmente, esta sí es la tapa, por no decir el colmo. De Electricaribe, empresa esta operadora de red de la región Caribe, se sabía hace rato que venía prestando un pésimo servicio de energía eléctrica a sus 2´565.855 usuarios. Se sabía, además, que esa empresa, en los 7 años que lleva bajo el control de GNF no había hecho las inversiones requeridas, lo cual había llevado a la obsolescencia de redes, transformadores, herrajes e instalaciones, lo cual se ha traducido en la calamidad pública que agobia a sus usuarios, convirtiéndose en la empresa más abominada en la región.
Todo eso se sabía, lo que nadie sospechaba es que Electricaribe, mientras estuvo en manos de GNF, se quedaba con los subsidios al consumo de energía de la población más vulnerable, que se financian con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación. Sólo ahora, gracias a la actuación especial por parte de la Contraloría General de la República, se ha podido establecer que “la gestión adelantada por Electricaribe, respecto a la administración de los recursos FOES es ineficaz, al no aplicar la totalidad del beneficio FOES a que tenían derecho usuarios identificados en el cuerpo del informe”.
El calificativo que le da la Contraloría General de “ineficaz” a la administración de los recursos FOES nos parece demasiado eufemístico y veamos por qué. Los recursos del FOES tienen como destinación específica el descuento de hasta $46 por kilovatio-hora del consumo de subsistencia establecido por la UPME de la energía facturada a los usuarios ubicados en las zonas de difícil acceso, áreas rurales de menor desarrollo y en zonas subnormales urbanas. Huelga decir, que los recursos del FOES son públicos.
Se quedó corta la Contraloría cuando al término de su auditoría termina calificando de “incorrecta aplicación del subsidio FOES”, pues lo que realmente sucedió, dicho en buen romance, fue que de los $46 sólo se le abonaron a los usuarios $0.46 (¡!), o sea, que se quedaron con el 99% del monto de los subsidios que le giró el Ministerio de Hacienda, que ascienden, aproximadamente a la suma de $4.000 millones/mes.
Después del análisis efectuado por parte de la Contraloría General, esta arrojó como resultado un “hallazgo administrativo con alcance fiscal por valor de $78.517.59 millones para las vigencias 2015 y 2016”. Y como esta práctica tan detestable como descarada por parte de Electricaribe, de quitarle a los más pobres de los pobres “para enjugar parte de sus pérdidas” era consuetudinaria, desde 2012 según la Superintendencia de Servicios Públicos, está por establecerse cuánto se embolsillaron en los años anteriores a estos.
A GNF no se les ha expropiado, como ellos alegan, son ellos los que se han venido apropiando de recursos que no son suyos, los cuales tendrán que reintegrar y de paso tendrán que resarcir a sus resignados usuarios, que fueron esquilmados por ella. ¡Su avilantez no conoce límites!
*Miembro de Número de la ACCE