Hace unos años Flavia Freidenberg tituló así, “La tentación populista”, a un estudio sistemático sobre el populismo en América Latina. Ella, y otros autores que la sucedieron, entienden por populista a un estilo de liderazgo que refiere a la división de la sociedad entre un “ellos” (la élite) y un “nosotros” (el pueblo) que son llenados de contenido según la ocasión y buscan polarizar a la sociedad en grupos homogéneos, nulificando al individuo y las complejidades sociales. En tiempos de crisis acuciantes, como el que estamos atravesando con el coronavirus, los líderes pueden caer en la tentación de dejarse llevar por arrebatos populistas que mayoritariamente terminan en derivas autoritarias.

Los populistas promueven sentimientos anti-partidos y atacan a las instituciones democráticas liberales. Prefieren en cambio el contacto directo con sus seguidores. Creen que están por encima de la ley, pero utilizan la norma implacablemente para perseguir a quienes no les agrada (aunque tienen mayor éxito con el bullying cibernético), o buscan cambiarlas cuando van en contra vía “de la voluntad popular” -que ellos dicen representar de manera fidedigna- salteándose los procedimientos establecidos. Los populismos promueven la polarización y tensionan las fibras inherentes del conflicto político y social hasta, por momentos, llevarlos hasta la violencia. Los populistas pueden ser de derecha o de izquierda: los presidentes Bolsonaro (Brasil) y López Obrador (México) son actualmente representantes claros de estos estilos, que anteriormente tuvieron ejemplificados por Perón (Argentina), Chávez (Venezuela), Correa (Ecuador), entre otros.

La pandemia nos tiene a todos un poco desorientados, y en tiempos de incertidumbre la ciudadanía suele demandar acciones efectivas y apoyar liderazgos fuertes. Pero este contexto, que por excepcional es transitorio, no debe confundirse con un cheque en blanco para saltarse las normas o torpedear las instituciones democráticas. Recientemente he visto dos actitudes que pueden interpretarse que van en esa dirección.

En primer lugar, la propuesta de achicar el Congreso bajo el argumento de que representa un gasto -excesivo- que podría usarse para políticas direccionadas a afrontar las consecuencias económicas y sociales que tendrá el coronavirus. Ciertamente el Gobierno nacional tendrá que continuar siendo muy creativo para obtener recursos que financien políticas de la magnitud y alcance que el cataclismo pandémico está dejando. Sin embargo, el Congreso es el principal órgano de representación política de la abundante diversidad colombiana. Encoger el Congreso significaría que muchas voces quedarían sin representación, y esto, considerando la historia del país, podría engendrar más violencia. Actualmente ciudadanos de varios departamentos del país están notoriamente subrepresentados en el Senado, reducirlo -cuando en virtud de ley y censo está pendiente ampliar su cantidad- sería complejo para la democracia. La cantidad de asientos de representación en el legislativo, su forma de elección y financiación, la representación paritaria de las mujeres, sin dudas necesita una discusión, pero con un diagnóstico que supere la coyuntura. La salud de la democracia, sus procedimientos e instituciones, cuestan dinero.

En segundo lugar, la Alcaldesa de Bogotá debe bajarse de la moto y subirse a la bicicleta en la que iba en campaña. Han sido varios los arranques en falso durante el manejo de la crisis. Primero dijo que el Covid-19 era una simple gripa, luego la sobreexposición personalista, el doble estándar para criticar los gastos en comunicación cuando era oposición, pero la asignación de 6.000 millones de pesos en promoción durante la cuarentena dejan muchos interrogantes. Lo más sorprendente fue la vehemencia con la que, durante días en que no había decisión sobre si el aislamiento continuaría, cuestionó al Presidente de toda Colombia para que no levantase la medida vigente por el riesgo en que pondría a Bogotá, y luego van ya tres videos donde se la observa a ella y su pareja violar la norma y poner en riesgo a la ciudadanía que dice defender.

En las democracias el Estado de Derecho debemos acatarlo, ciertamente estamos en estado de emergencia y hay excepciones, pero esperemos que no se conviertan en habitual las excepciones.   

*Decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Universidad Sergio Arboleda