Cerca de 100 leyes de honores fueron aprobadas por el legislativo entre los años 2010 y 2016, entre otras, a pesar de que se consideran las menos lesivas o importantes son, por regla general, las que más compromiso económico tienen a razón de que obligan a realizar obras, publicaciones, cuadros o monumentos que consumen miles de millones de pesos de los recursos de la nación o el erario público.
 Considero que la aprobación del legislativo de cerca de estas 100 leyes se debe, en parte, a que existe el problema de medir a los congresistas por el número de proyectos de ley presentados y la cantidad de iniciativas aprobadas, así estás no tengan ninguna importancia o trascendencia. Este es resultado de medir al Congreso por números y no por eficacia, situación absurda
De las más de 1830 leyes expedidas desde 1992, sobre las cuales no ha existido un control acerca de lo que se conocía antes como el prontuario de la legislación para saber qué estaba vigente o derogado y que había sido declarado inexequible por la Corte Institucional, se tiene que sumar más de 130 normas por año que se expidieron desde 1886 hasta 1990. Otras mil leyes podrían estar en contradicción con las disposiciones actualmente vigentes, entre las cuales encontramos:
Ley 62 de 1887, que impide la importación de ciudadanos chinos a Colombia para cualquier trabajo en el territorio nacional sin perjuicio de lo que se haya sido estipulado con determinadas compañías u empresas antes de la expedición de la presente ley.
 Ley 11 de 1920, que prohíbe la venta de jeringas y agujas sin formula médica. Actualmente se consigue en droguerías este tipo de materiales sin ninguna prescripción médica. Al día, una farmacia, vende entre 50 y 100 jeringas sin formula. 
Otras leyes inútiles que no se han hecho realidad pero que han suscitado innumerables debates y cantidad de tiempo invertido de parte del legislativo colombiano, son: el Proyecto de Ley que prohibía las tareas escolares y las reformas al escudo nacional sustituyendo al cóndor por un gallinazo y retirando el istmo de Panamá.
Mientras que una ley de igual o superior jerarquía no diga o aclare que estas polémicas y obsoletas normas se encuentran derogadas, estas leyes seguirán vigentes y harán parte, gústenos o no, de nuestro ordenamiento.
A modo de ejemplo y para rescatar, en algo, la imagen del Congreso, el experto resalta que el pasado 14 de marzo, la Corte Constitucional declaró inexequible una ley de 1890, que afirmaba que estaba bien referirse como “salvajes” a los indígenas.  
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