Hace ya algunos años, en forma fraccionada y sectorizada, el país entró en la revisión de las llamadas mega pensiones, a las cuales se les puso un tope de 25 salarios mínimos. Se adujeron entre otras razones, las de la equidad, la sostenibilidad del sistema, la necesidad de buscar equilibrio e igualdad.   El Acto Legislativo que introdujo la reforma constitucional dispuso efectos hacia el futuro, respetando derechos adquiridos; sin embargo, la Corte Constitucional rompió el principio y aplicó retroactivamente la limitante, desconociendo los mencionados derechos reconocidos por el acto reformatorio.

Advertimos en su momento que la H. Corte, por andar mirando la paja en el ojo ajeno, no se estaba dando cuenta de la viga que tenía en el propio; aparte de la discusión sobre pensiones y regímenes especiales, hay otro sector que se beneficia de  altos sueltos en la función pública, como son los  congresistas y los amarrados a estos, magistrados, fiscales y procuradores. Si la suma del 75% para liquidar las pensiones se consideraba alta, que decir entonces cuando se percibe el 100%.

El tema se quedó a mitad de camino y no se incluyeron todas las pensiones que siguen siendo  “megas” y por supuesto los sueldos de los altos funcionarios del Estado, que también habría que revisarlos siendo coherentes con la argumentación.

Por fin se revivió el tema con los dos proyectos de acto legislativo que cursan en el Congreso de la República para bajar sueldos a congresistas; el tiempo está en contra de estas iniciativas. Los proyectos requieren de ocho debates, cuatro de los cuales deben surtirse antes del próximo 16 de diciembre.

Uno de ellos está siendo impulsado por la Alianza Verde, que pretende bajar la mesada que reciben los parlamentarios de 40 salarios mínimos a 25, que es el tope para las pensiones. Otro proyecto, impulsado por varios senadores del Centro Democrático, quiere amarrar el incremento anual del sueldo parlamentario al alza del salario mínimo, que este  año subió en 7 por ciento.

Los tiempos que requieren para su trámite en el Congreso en la primera vuelta que se podría dar en esta legislatura están bastante apretados y por ello las propuestas  están a punto de hundirse.

Sería muy importante para el país que el Congreso le ponga todo el interés a no dejar hundir las iniciativas. La opinión pública está expectante y deseosa de que se cumpla este debate. La asignación salarial para los altos funcionarios del Estado debe ser razonable y coherente con las posibilidades presupuestales de la República.

El efecto de la rebaja en las pensiones no podía ser otro. Se torna indispensable la revisión de todas las asignaciones salariales de los altos funcionarios para buscar equidad en las mismas.   No existe razón que justifique la desproporción que se presenta entre las diferentes ramas y sectores de la administración pública.