Dentro del propósito de avanzar en la defensa del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Colombia tiene que precisar sus límites.  

La profesora Martha Gutiérrez, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, integrante del grupo de seguimiento de Casos en Tribunales Internacionales, en especial de lo relacionado con el diferendo Colombia-Nicaragua, elevó ante la Cancillería, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Dirección Marítima (Dimar) un derecho de petición solicitando las coordenadas geodésicas (longitud y latitud) de cada una de las líneas de base del archipiélago y si los límites han sido determinados, con la respuesta de que no existe plazo para este trabajo en el decreto 1114 del 2014 y no se suministra información por razones de Seguridad Nacional.

Se trata de una labor compleja, que debe realizarse con cuidado, pero nos hallamos en el limbo mientras que  la asamblea legislativa de Nicaragua, en nuevo acto ilícito internacional, ha aprobado unilateralmente extraña ley “creando” una órbita bio-estacionaria en la Reserva Seaflower, con mapa abusivo adjunto, trazando líneas que no corresponden, pretendiendo ejercer soberanía en parte del mar colombiano contra derecho, en decisión inaceptable desconociendo lo dispuesto por la Corte Internacional de Justicia que ratificó la vigencia del Tratado Esguerra-Bárcenas en el 2007 y la soberanía de Colombia en el archipiélago, enredando más las pretensiones incluidas en las demandas por incumplimiento de la sentencia inaplicable de ese Tribunal del 2012 y la petición de que se extienda su plataforma continental a más de doscientas millas casi hasta Cartagena. Estuvo bien que Colombia protestara por lo acontecido, sin embargo eso no basta.

Seaflower es parte integral  del archipiélago, protegida por la Armada Nacional, con área total de 180.000 kilómetros, de los cuales únicamente 57 son terrestres y no puede ser inscrita como de Nicaragua. Estamos en mora de definir las líneas para medir la altura del mar territorial, la zona económica exclusiva, la zona contigua y la plataforma continental, Nicaragua continúa haciendo mediciones trazando las suyas en contra de lo reglamentado por la Convención del Mar de la cual, por cierto, Colombia no forma parte.

Hay argumentos científicos, morfológicos, geológicos, oceanográficos, independientemente del meridiano 82, para confirmar que el archipiélago es masa uniforme sumergida y probar que constituye conjunto de islas de origen volcánico, que si se divide generaría cambio ambiental con grave daño a la fauna y flora. Atendiendo el clamor de los raizales podría conversarse con Jamaica, Honduras, Costa Rica y Panamá para el desarrollo de programas sin sentencias de la Corte Internacional que afectan también Tratados vigentes con esos países.

 Como subsiste la diplomacia secreta y tampoco conocemos cuál es la posición de Colombia en La Haya que carece de competencia para determinar plataformas continentales, sostengo que resulta indispensable fijar los límites del archipiélago. El Congreso debiera realizar un debate aplazado por decenios, el gobierno pronunciarse, la ciudadanía recibir información, las diferencias con el régimen de Nicaragua, no con su pueblo, tienen que resolverse, nuestra diplomacia actuar. ¿Para cuándo tendremos los límites?