“No llame más a este hp que lo vamos a matar”. Quien eso dijo, anunció públicamente la comisión de un delito, y lo cometió, con sus compañeros indígenas asentados en el parque La Florida, en los extramuros de Bogotá.

El sentenciado, Hildebrando Rivera, de 60 años, era un buen hombre, oriundo de Guasca, un municipio cercano a Bogotá, donde trabajaba conduciendo un camión recolector de basuras, hasta el 25 de enero, a eso de las 9:00 p.m., cuando regresaba del botadero hacia su pueblo y, accidentalmente, atropelló a dos personas.

Mientras le destrozaban el vehículo y resistía en la cabina, aterrorizado, logró llamar a su patrón: “Se me atravesó un muchacho, yo no lo vi…”. Nunca supo que moriría porque, sin querer, había causado la muerte a una madre indígena y a su hija.

Los medios amarillistas, que defienden a los indígenas a ultranza porque saben que es políticamente correcto, lo sentenciaron de forma sumaria y póstuma. Sin mucho averiguar, decidieron que había invadido la berma y las había atropellado; los más objetivos informaron que, según los testigos, la mujer cruzaba la carretera con la menor y, como atestiguó Hildebrando desesperado, antes de ser atacado por la turba, sencillamente no las vio.

La alcaldesa, como siempre, culpó al Gobierno, al Mindefensa, a la Unidad de Víctimas y al ICBF, por ser incapaces de garantizar que no los desplacen, que retornen a sus resguardos con seguridad y que se proteja a los niños. Que poco sabe la alcaldesa -o se hace la que no sabe- de las causas de la violencia y el desplazamiento, de la tragedia del narcotráfico y de la oposición de sus amigos de la izquierda a la aspersión aérea; que poco sabe de la instrumentalización de los indígenas por parte de esos mismos amigos.

Muchos indígenas viven en Bogotá. En el censo de 2005 se identificaron más de 15.000, pero en 2021, en medio de la pandemia y de la toma narcoterrorista que llamaron “paro”, cerca de 1.300, la mayoría emberás del Chocó, llegaron a Bogotá y se tomaron el Parque Nacional. ¿Desplazados? Un desplazado de las selvas chocoanas llega, si mucho, hasta Antioquia o el Eje Cafetero, donde el clima es más benigno, pero ¿a Bogotá?

Desde un comienzo exigieron estadía digna, pero nada les servía, hasta que aceptaron unas instalaciones del Idiprom en el parque La Florida. De hecho, muchos ya regresaron a sus resguardos, con la ayuda y garantías del gobierno, que también exigían. No tenían como devolverse, pero sí tuvieron con que llegar ¡a Bogotá! ¿Quién les ayudó? ¿Quién los trajo y para qué? ¿A quién le interesaba que apuntalaran la situación de caos que ya vivía la ciudad? Preguntas inquietantes…, ahí se las dejo.

Pero volvamos a Hildebrando; su familia lo llora y su pueblo le hace velatones. ¿Y los asesinos? Son escalofriantes los videos que muestran como lo sacaron a rastras del camión y lo apalearon con sevicia. Sin duda, deberán responder ante la justicia ordinaria, porque fue un delito fuera de sus resguardos y contra un colombiano del común, de los que no tenemos justicias especiales.

Sin embargo, no han faltado argumentaciones para favorecer a los asesinos, que no han sido entregados a la justicia ordinaria que los debe juzgar, en medio del silencio de la izquierda, que sabe manipular la causa indígena y que habría estallado sus redes sociales, si el linchado hubiera sido uno de ellos.

Nota Bene. Nueve atentados a la Fuerza Pública en 12 horas. El narcoterrorismo de las disidencias y el Eln no descansa, mientras la izquierda calla.

@jflafaurie