Se acaba de aprobar el presupuesto para la vigencia 2024 por $ 504 billones. El más alto de la historia.

Pero los presupuestos no hay que mirarlos por su monto nominal. Siempre crecen. Lo que debe hacerse es desmenuzarlos sobre la manera como están financiados: ¿Cuánto representan los ingresos tributarios dentro del total de las rentas estimadas? ¿Cuánta deuda se requerirá contraer para atender el programa de gastos propuesto? ¿Qué porcentaje del presupuesto tiene ingresos asegurados y qué porción está descubierta o con financiación incierta?

El presupuesto aprobado para la vigencia del 2024 plantea varios enigmas fiscales de este tipo, dentro de los cuales pueden subrayarse dos en especial:

Primero, dentro de los programas de gastos que se autorizan para el año entrante no está prevista ninguna partida para ejecutar en el 2024 asociada a las reformas que se empiezan a tramitar en el congreso: salud, pensional, servicios públicos, educación, laboral, etc.

El Comité Autónomo de la regla fiscal en su último pronunciamiento indica que el programa de gastos “no incorpora en la programación fiscal probables gastos adicionales que resultarían de las propuestas de reforma del Gobierno Nacional. En especial, aquellos derivados de las reformas de salud y pensiones. Dado que la senda de gasto propuesta por el Gobierno no deja ningún margen, este gasto incremental no tendría espacio fiscal dentro de la programación, y, en consecuencia, la aprobación de dichas iniciativas requeriría la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos estructurales o en su defecto con un ajuste en las prioridades de gasto del gobierno”.

Esto significa que, si alguna de estas reformas se aprueba este año y acarrea gastos en la vigencia del 2024, no habría apropiación presupuestal para atenderlos. Sería necesario un presupuesto adicional en la vigencia venidera y recurrir a más endeudamiento, pues se supone que este gobierno no recurrirá a nuevas reformas tributarias.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha llamado la atención sobre este hecho: no están previstos en los programas de gastos aquellos que se deriven de las eventuales reformas que se aprueben; y si dichos gastos son abultados -como no sería extraño que lo fueran- muy probablemente será ineludible incumplir con la regla fiscal por endeudamiento superior al permitido por esta norma de prudencia fiscal.

El segundo enigma que planea el presupuesto de rentas y apropiaciones del año entrante fue debatido ampliamente en el Congreso. Se trata de ciertos supuestos sobre los cuales está construido el presupuesto del 2024 que pueden resultar ilusorios. Concretamente se habló de una partida de cerca de quince billones de pesos que se supone ingresarán a las arcas públicas provenientes de procesos arbitrales que se van a organizar por la Dian, correspondientes a litigios tributarios que están por dilucidarse que normalmente se demoran entre seis y ocho años, pero que mediante tribunales arbitrales exprés que se van a organizar deberían permitir la entrada de estos ingresos en el año entrante.

Este procedimiento requiere una ley que crea dichos tribunales arbitrales y la ley ni siquiera se ha presentado a consideración del Congreso. Se dice inclusive que esto ha creado tensiones entre la Dian y el ministerio de Hacienda que no parece estar tan convencido como la primera sobre la viabilidad de que estos ingresos se perciban efectivamente durante la vigencia del año entrante y puedan por lo tanto entrar a financiar gastos del 2024.

Como puede verse el presupuesto del año entrante, que el gobierno ha proclamado como el mayor de la historia lo que es una obviedad pues normalmente todo presupuesto es el mayor de la historia, está rodeado de delicados enigmas que apenas iremos dilucidando en los meses venideros.