El país ha venido registrando, con perplejidad  y sin entender a cabalidad su trascendencia, una seguidilla de consultas populares en distintos municipios del país, que se han rebelado en contra de la actividad extractiva y en todas ellas por abrumadora mayoría de los sufragantes se ha decidido proscribirla de sus territorios. Las más recientes se realizaron en Cajamarca, en contra de la minería y en Cumaral, en contra de la exploración y explotación petrolera. Ello amerita un análisis sobre sus alcances y consecuencias, para poder establecer la procesión que va por dentro de este hecho inusitado.

Se aduce en todos los casos que la actividad extractiva se constituye en una amenaza contra la sostenibilidad del medioambiente, sobre todo se hace hincapié en que la misma pone en riesgo el acceso al recurso hídrico por parte de la población. Ha hecho carrera en el imaginario colectivo, como fijación, de que la comunidad debe decidirse por el agua o por el oro, por el agua o por el petróleo, lo cual, como lo veremos no pasa de ser una falsa disyuntiva.

La verdad sea dicha, como lo sostiene el ingeniero de Minas Pablo Liemann, “es difícil encontrar algún sector de la economía o alguna industria que no utilice en forma habitual algún producto obtenido de un mineral y, por lo tanto, que provenga del sector minero”. En este sentido son atinentes las palabras de la columnista Enoris Restrepo cuando afirma que “hoy hay municipios en Colombia que prohíben la minería, pero quieren vías pavimentadas, con agregados producidos por la minería, asfalto derivado del petróleo, viviendas, escuelas y hospitales hechos con cemento, acero, ladrillos, tejas, revoques y pinturas, productos todos cuyo origen es la explotación de minerales. Es un contrasentido”.

De allí que, en hablando de los recursos naturales no renovables, verbo y gracia el oro, el cobre, el níquel, el carbón, el petróleo, el gas natural, es preferible tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Y la verdad es que los colombianos los necesitamos, porque es la principal fuente de crecimiento de la economía y de los ingresos estatales. Ello no nos lleva a plantear que, en aras de disponer del recurso para tales efectos este se extraiga en cualquier lugar y de cualquier manera, sin parar mientes en su impacto y en sus secuelas. No hay actividad humana que no tenga un impacto y la actividad extractiva no es la excepción, de lo que se trata es de minimizar y reducir ese impacto, prevenirlo, mitigarlo, compensarlo o reponerlo, cuando hay lugar a ello.

Me acojo a la consabida frase que dice Minería si, pero no así, sólo es admisible y beneficiosa aquella minería responsable con el medioambiente y con las comunidades, que utilice buenas prácticas y cumpla con los estándares más exigentes. Así y sólo así podemos decir que le conviene al país y a las entidades territoriales.

*Exministro de minas, energía e hidrocarburos