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Lo que ha ocurrido en las últimas semanas en las regiones de Urabá, Putumayo y Catatumbo hace evidente las falencias en la prestación del servicio de seguridad por parte del Estado, las cuales se dan por el débil control territorial en aquellas regiones más afectadas por la acción de las diferentes expresiones de delincuencia rural organizada, llámense disidencias o desertores de las Farc o rezagos del paramilitarismo (bacrim).
Lo cierto es que la actividad en torno a dicha criminalidad presenta unas características que la literatura especializada ha calificado como amenazas “intermedias” o “híbridas”- con mando y coordinación de acciones, pero sin una gran estructura- cuya neutralización demanda una respuesta institucional también híbrida o intermedia. Respuesta esta que debe ir más allá de la sola neutralización temporal de la amenaza, persistiendo -con su dedicación exclusiva y permanente e interacción con las comunidades y autoridades civiles- en proveer un ambiente de seguridad que preserve la tranquilidad e incentive el avance socio-político de las poblaciones. De esta manera se estimula el ejercicio de una ciudadanía campesina revitalizada por su confianza hacia la institucionalidad estatal, lo cual amortigua el temor a las acciones de los delincuentes.
Una guardia rural (Nacional) vendría a ser el tipo de solución requerida. Su doble naturaleza civil y militar con características doctrinales y operacionales a la vez versátiles y específicas, harían de esta el tipo de Fuerza Pública más adecuada y proporcionada frente a los principales retos a la seguridad interior vigentes y futuros. Retos que no serán adecuadamente enfrentados ni por la Policía por defecto, ni por el Ejército por exceso. Y esto porque dichas bandas delincuenciales no son ni ejércitos ni guerrillas, pero tienen armamento letal y organización grupal.
Es más, al crear una guardia rural dedicada permanente y exclusivamente a regiones como las arriba mencionadas y otras similares por la inseguridad rural, se facilitaría concentrar la policía en las ciudades y municipios más poblados enfocándose principalmente en la seguridad ciudadana. También se facilitaría reorganizar y reentrenar el Ejército como fuerza exclusivamente militar incrementando su capacidad de combate letal para realizar operaciones puntuales y temporales, cuando y donde sea necesario para salvaguardar la soberanía nacional frente a mayores amenazas internas o externas. En fin, sería la solución para reversar decididamente los procesos de militarización de la Policía y desprofesionalización del Ejército, que se dieron en Colombia por cuenta del prolongado y descompuesto conflicto armado.
Ahora bien ¿cómo crear la guardia rural sin que demande erogaciones presupuestales considerables? Mediante el desdoblamiento proporcional en personal y logística del Ejército y la Policía para crear la nueva fuerza realizando un meticuloso proceso de selección, reeducación y reentrenamiento. Incluso se puede pensar en que algunos exguerrilleros y exparamilitares de base la integren como parte de su proceso de reintegración social. Claro está, tendrían que merecerlo después de los dictámenes de la justicia transicional y de pruebas psicométricas de propensión a la violencia, luego de lo cual serían reeducados y reentrenados.
@CarlosAlfonsoVR