Fue una marcha ciudadana emocionante y majestuosa. Millones de colombianos expresaron con alegría y pasión su malestar con el gobierno de Gustavo Petro. Expresaron que no están de acuerdo con el llamado envenenado a una Constituyente ni con la reforma pensional ni con la reforma a la salud ni con una ilusa y desordenada paz total que ha maniatado a la fuerza pública y ha dejado varias regiones del país en manos de los violentos. Las marchas expresaron con altivez que los colombianos nunca nos dejaremos arrebatar nuestra libertad, nunca nos dejaremos arrebatar nuestra democracia. Si, las marchas fueron un canto de victoria, un canto de esperanza. A su paso se oían los acordes sinfónicos de la Heroica, que subían por las venas hasta el corazón y nos llenaba del patriotismo propio de los pueblos libres.

Es evidente que hay una toma de conciencia colectiva sobre la ineptitud de la izquierda radical para gobernar. En el gobierno del cambio se han cometido todos los errores a la hora de tomar decisiones: favoritismo, amiguismo, verticalismo, opacidad, corrupción. Ya no sorprende que el presidente Petro en lugar de responder a las críticas, señale a sus contradictores de querer “tumbarlo del poder”, algo ajeno al ejercicio democrático del país. Por el contrario, el único que ha puesto en duda la legitimidad de las instituciones es el propio presidente cuando recurre a un enigmático “proceso constituyente en el cual es pueblo es el que decide” Es más, al día siguiente de la propuesta su asesora ideológica, la doctora Rusinque, citando ufana a Sieyès y a Rousseau, concluye que “el Poder Constituyente no necesita ser convocado,” y había sostenido poco antes que “esos procesos no tienen control jurisdiccional alguno.” ¿Estamos o no frente a una amenaza antidemocrática?

El presidente reclama también por algo que nadie le discute: los resultados de las presidenciales del 2022. Debiera atender, asimismo, los resultados de las elecciones del 29 de octubre de 2023. Resultaron no una medida de su legitimidad indiscutible, sino una medida de su impopularidad, también indiscutible. Se aprecia que había empezado la pronta decepción con su gobierno.

La democracia en América Latina ha sufrido en distintas épocas la acometida del caudillismo, como lo recuerdan los analistas de la región. Con ellos llegó el entramado de las redes clientelistas cada vez más hábilmente conformadas. Por lo mismo, la justicia distributiva dejó de ser bandera de la izquierda. Los mejores logros en ese campo han sido de los gobiernos de centro-derecha, gracias a la buena administración de los recursos públicos. El presidente no ha querido comprender que el cambio es un resultado de aciertos y errores en un largo camino, y que el atraso no se combate con el voluntarismo inmediatista que se refleja en la atolondrada decisión sobre el agua para La Guajira. Lo esencial para afrontar soluciones sociales es adaptar la estructura del Estado centralista y despilfarrador a una administración moderna, y con fines y proyectos concretos que reemplace la insuficiencia institucional actual.

Para desfortuna, la gran marcha, el reencuentro de la sociedad civil con la institucionalidad política, quedó perpleja cuando el Senado, desoyendo el sentimiento nacional, aprobó la reforma pensional. Nos encontramos con una insensibilidad que asombra y que conturba. Esa fue la respuesta insólita del Congreso a una joven líder, como Jerome Sanabria, quien había declarado: “marcho para que los jóvenes podamos pensionarnos”. La razón de la sinrazón, dirían los centenaritas.

Preocupa y mucho que el ideologismo duro del pasado se esté imponiendo sobre las conveniencias colombianas del presente. Basta leer el grosero mensaje del presidente al final de la marcha. He optado por no releerlo para concederle una oportunidad a la esperanza de una Colombia en democracia, crecimiento y paz. Añoro los tiempos en los cuales el Estado se expresaba en la gramática del derecho.

Pero el presidente se repite en el mensaje a Pedro Sánchez, y anuncia que utilizará todo su poder para que la manifestación obrera del 1 de mayo se convierta en respuesta a la marcha ciudadana. Otra vez, la sinrazón. 

El 1 de mayo consagrado al reconocimiento de los trabajadores del mundo, no es instrumento válido para la confrontación política. En esencia, son los mismos los marchantes del 21 de abril y los marchantes del 1 de mayo: ciudadanos libres en un país libre. La pretensión de Petro constituye una impostura.

Finalmente, tiene razón Pedro Medellín, el 21 también fue un acto de profunda transformación en las relaciones del poder. Pasamos de una democracia de simple electores a una democracia de ciudadanos, quienes proponen suscribir con el presidente Petro un pacto fundamental: ni un minuto menos, ni un minuto más. El 7 de agosto de 2026 se posesionará ante el Congreso un nuevo Presidente de la República, elegido libremente por el pueblo soberano de Colombia.