Desde el año 2003, el Estado colombiano eliminó la posibilidad de que adolescentes menores de 18 años pudieran hacer parte de las fuerzas militares. Con la Ley 833 de 2003 se acogió, en el país, el Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas, expedido en el 2000, contra el reclutamiento de menores de edad, al declarar que la mayoría de edad era requisito para hacer parte de la fuerza pública.

A pesar de su inmediato cumplimiento por parte del Estado, los menores de edad son instrumento de todos los grupos armados y fuerzas de la ilegalidad en Colombia.

La realidad es desgarradora: durante el período comprendido entre 2013 y 2022 se han identificado 2181 niñas, niños y adolescentes como víctimas de reclutamiento, principalmente de familias de comunidades étnicas.

Este fenómeno refleja la continuidad y el crecimiento del uso y abuso de la niñez en el contexto de la guerra. Departamentos como Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y otros, se han convertido en testigos de esta tragedia, donde los niños son reclutados y utilizados en actividades que no solo van en contra de su bienestar y desarrollo integral, sino que son delitos de lesa humanidad.  

Los datos sobre la edad promedio de reclutamiento, señalan que se sitúa alrededor de los 13 y 14 años, pero muchos de ellos son reclutados desde los 8 y 9 años. Los menores de edad son obligados a realizar tareas de fuerza que van desde labores agrícolas de productos ilícitos hasta actividades de inteligencia para los grupos armados y, en el caso de las niñas, a trabajo servil y violaciones.

Resulta profundamente alarmante contemplar cómo, a pesar de la existencia flagrante de este flagelo, en el marco de las conversaciones entre el Gobierno y el Eln se ha alcanzado un "acuerdo" en uno de los documentos, donde los firmantes suscriben no involucrar a menores de 15 años en el conflicto armado. Surge el interrogante: ¿cuál es el propósito de este acuerdo?.  Parece ser que se pretende dejar en una zona gris a los menores de entre 15 y 18 años, ¿permitiéndoles ser posiblemente utilizados en la guerra?.

Estos “acuerdos¨ van en contra de Convención de los Derechos del Niño, La Constitución del 91, El Código de Infancia y Adolescencia, El protocolo Facultativo de las Naciones Unidas contra el Reclutamiento e infinidad de normas nacionales y de acuerdos internacionales para la protección especial para menores de edad. La situación es inaceptable y exige una respuesta urgente y decidida para proteger a niñas y niños de la violencia y el horror de la guerra.

Todos estos menores de edad en situación de riesgo de reclutamiento, y aquellos que lamentablemente ya han sido reclutados, atraviesan una infancia marcada por la violencia, la pobreza, la ausencia de oportunidades y. además, son atrapados por el funesto ciclo del reclutamiento, privándolos de su derecho fundamental a una infancia segura y protegida, y convirtiéndolos en instrumentos de guerra y terror.

Es primordial que las autoridades nacionales e internacionales se pronuncien enérgicamente sobre la creciente amenaza del reclutamiento en Colombia y sobre el "acuerdo", que sobrepasa los límites de la sensatez, las convenciones de derechos humanos y, especialmente, la protección especial que se otorga a todos los menores de 18 años en Colombia y a nivel global, y den garantía de protección y seguridad para todos ellos.

¡Basta!, no podemos permitir que más generaciones de niñas y niños sean arrebatadas de sus derechos humanos, sus sueños y aspiraciones por los frentes del terror del reclutamiento.