En la bien encomiable idea de “crear empleos dignos y promover salarios decentes para los trabajadores” el gobierno pretende acabar con las “nóminas paralelas” y con los contratos de prestación de servicios, empezando por los del Estado, que contabilizan la friolera de 910.000. ¿Cuántas reformas tributarias vale convertir todos esos contratos civiles en laborales (con arandelas, indemnizaciones y retroactivos), por ahí unas cinco? Es bien iluso el gobierno del cambio. Seguramente lo que piensa -todo en él tiene “intención paralela”- es quebrar miles de entidades estatales o generar una masiva terminación de tales vínculos y, entonces, cientos de miles de personas con sus familias se irán a la calle a tramitar subsidios.
Y en tal perspectiva, no sabemos si ya tendrán decidido qué empresa o persona se encargará de fabricar y repartir los subsidiados kits alimentarios Claps, para copiar acá el invento madurista, porque el señor Alex Saab (“Alí Babab”) que era su gerente en Venezuela, está pasando una temporada en la cárcel, esperando a que se le defina su situación jurídica, judicial y diplomática, pues fue detenido en Cabo Verde, donde su avión debió hacer escala técnica en desarrollo de su “viaje de negocios” a Irán; y tras muchos trucos y marrullas, incluyendo el título y pasaporte de “Embajador Plenipotenciario” que le tiraron al mar, al fin pudo ser extraditado a USA. De pronto el mininterior Prada, especializado en el Sena, el ordinario y garoso embajador Benedetti en Caracas o el melenudo y trapacero senador Bolívar se “rebajen” con humildad patriótica a asumir semejante reto…

Creo que acabar con los PS (prestadores de servicios) así, a rajatabla, sería un error craso porque, si bien hay excesos (como cuando un contratista marca tarjeta, cumple horarios, es exclusivo, recibe memorandos de trabajo y debe pasar informes diarios) en muchos de los casos se trata de un instrumento jurídicamente valioso, como en el caso de los cuatro mil defensores públicos que atienden “pacientes” de turno en la Defensoría, una o dos veces por semana, o presencialmente, y de resto manejan sus tiempos y movimientos, coordinan sus actividades con los usuarios en sus propias oficinas y/o virtualmente para adelantar sus demandas o diligencias jurídicas, sin exclusividad contractual, etc.

Son muchas las entidades públicas y privadas que contratan profesionales a través de estos mecanismos de sustitución de lo laboral y creo que allí se forja una relación “gana-gana”. Empresas públicas y privadas saben que para ser competentes en el mercado es preciso rebajar costos y entre ellos los laborales ocupan rubros de punta, en virtud de lo cual resulta explicable en ambos sectores apostarle al juego de los sustitutos ofrecidos en el mercado, no tanto por economía sino, ante todo, por puro instinto de conservación, en medio de una coyuntura especialmente cruda e incierta.

Post-it. A propósito ¿será que la Ministra del Trabajo, tan diligente y preparada (dicen que es más preparada que un kumis y que tiene más cartones que un tugurio) copiará la idea de una antecesora suya de poner a la mano de obra a cotizar a pensión por horas? Porque por allí hay parroquianos, sobre todo los metidos en el negocio del “gota a gota” que me están preguntando, ilusionados, si podrían cotizar a cuenta gotas.