“Para aprovechar mejor la economía digital”

El .co es el dominio de nivel superior en la red global de internet (ccTLD), que ha sido asignado a Colombia, así los nombres que se usan para acceder a algún sitio mediante el uso de browsers o navegadores que terminan con este dominio se supone que representan preferentemente a personas, empresas e instituciones de origen colombiano (ejemplo www.elnuevosiglo.com.co).

El Gobierno, en persona del presidente mismo, ha anunciado recientemente una licitación para escoger un nuevo concesionario para administrar el dominio .co, iniciativa que aplaudimos y que, así sea tarde, ha de corregir muchas inconsistencias y zonas grises que se han presentado con el actual concesionario que va a cumplir ya la década en operación prevista en su contrato. Ya hace cerca de 10 años advertimos de lo complejo que sería una operación de un concesionario donde su capital principal provenía de la industria de distribución de licores y donde no quedaba claro cómo iba a promover la identidad del país a través de la explotación de este recurso como bien lo ordena la ley, amén de la falta de claridad en las competencias sobre la administración que al tenor de la Ley 1341 resultaron ser de la CRC y no del Ministerio de las TIC, quien a la postre fue quien otorgó la concesión.

Con el tiempo se evidenció que el diseño y la ejecución del proceso no fueron de lo mejor, oportunidad para aprender y corregir en el nuevo proceso de selección. Primeramente, es claro que la concesión fue otorgada sin competencia para ello, lo cual explica que en la recién aprobada ley de TIC se traslade ahora la competencia para administrar el dominio de la CRC al Ministerio, subsanando en su tramo final el vicio primigenio de la actual concesión. 

Tras opaco inicio, en el desarrollo de esta concesión, a mitad de camino la operación de mayoría colombiana se vendió y terminó en manos de un fondo de inversión internacional que poco o nada le interesará promover a Colombia, lo que provino de inexplicables cambios en el contrato que aparte de enriquecer a los vendedores con la entrega del control a un extranjero de un recurso estatal estratégico, muy poco dejaron para el país, aunado al incentivo perverso incorporado en los contratos de no crecer agresivamente el uso del dominio para mantener un porcentaje bajo de participación de ingreso para el Estado. Aquí es fundamental que el nuevo proceso promueva la participación de capital colombiano de empresas realmente especializadas del sector y que se mantenga durante todo el período de la concesión dicha participación; asimismo, se deberá promover el mayor porcentaje posible de los ingresos para el Estado sin condicionamiento alguno, eliminando incentivos que limiten el crecimiento de uso del dominio y promoviendo de paso la real masificación de su uso en las empresas nacionales.

Finalmente, es fundamental que la política de uso del dominio se actualice conforme a los avances que se han dado a nivel internacional, de modo que el nuevo concesionario esté a tono en su operación con las reglas de la ICANN, órgano rector mundial en la materia, y con ello se promueva una industria nacional sólida que apoye todo el proceso de consolidación de la economía digital y la industria de conocimiento que acertadamente promueve el presidente Duque.