La corrupción en Colombia es inmensa, el escándalo  referente al sobrecosto  en la compra de camiones para distribución de agua en La Guajira está confirmado, se menciona  que miles de millones de pesos han servido para pagar coimas, que éstas se relacionan inclusive con sumas entregadas a parlamentarios, a los presidentes del Senado y de la Cámara para presionar la aprobación de los proyectos de ley de reforma del sistema de salud, pensional, laboral, judicial y educativo, con procedimientos violatorios del Código Penal. 

 Exfuncionarios de la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) confiesan su participación en actividades aún por precisar, aceptan haber cometido el error de intervenir en la distribución ilegal de recursos públicos, piden a la Fiscalía que les otorgue a ellos y sus familias protección para colaborar con la justicia, reiteran que se equivocaron pero que su comportamiento obedeció al cumplimiento de órdenes -no dicen quien o quienes las impartieron-  agregando que aún sin estar de acuerdo tuvieron que cumplirlas y con base en tal   argumentación señalan cómo  no deben recibir  sanciones por lo ocurrido.

Ningún ciudadano, y menos los funcionarios públicos, tienen que acatar órdenes destinadas a la comisión de delitos, el arrepentimiento resulta tardío, aun cuando la justicia aprecie la enmienda de errores y la cooperación en el esfuerzo por aclarar el esquema de corrupción que toca a muchos integrantes de la clase dirigente del sector público e igualmente del privado.

El presidente Gustavo Petro insiste en conseguir la aprobación de sus proyectos a sabiendas de que son rechazados por millones de ciudadanos. Lo indicado es suspender el trámite de iniciativas susceptibles de ser declaradas inexequibles por vicios de fondo y de forma en la Corte Constitucional si se aprueban.

El mandatario ha logrado dividir a Colombia, la “paz total” no se configuró y los diálogos con organizaciones subversivas y delincuenciales incrementan la inseguridad, problemas que se relacionan con el jefe del Estado crecen, hay investigación por violación de topes de su campaña presidencial, indicios de comisión de delitos, aparecen dirigentes del Pacto Histórico con responsabilidad en controversiales decisiones administrativas y la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que creó el ministerio de la Igualdad muestra  la inconsistencia en su trámite que habíamos advertido.

Sostener que los “oligarcas” críticos del gobierno forman parte de un grupo que proyecta un golpe, carece de fundamento. Ojalá disminuya el clima de zozobra que nos afecta, merecemos que dirigentes capaces logren conformar el movimiento de verdadero cambio en beneficio de la Nación, urge elevar el nivel de la política, el funcionamiento de las ramas del poder público, de los organismos de control, que las Fuerzas Armadas cumplan su misión sin sufrir más ataques despiadados.

Necesitamos que la moral reaparezca, desechar la premisa de que los malos sirven de ejemplo: partidos políticos coherentes, dirección adecuada, ética y no depender de quienes infringen la ley.  Las noticias sobre corrupción son pésimas.