Las leyes 693 de 2001 y 939 de 2004, que tuvieron su desarrollo a través del Documento Conpes 3510 de 2008, sentaron las bases para el surgimiento y expansión de la agroindustria de los biocombustibles en Colombia, al establecer la obligatoriedad de la mezcla de un porcentaje de etanol con la gasolina y de aceite con el diésel. Siempre se dijo que este programa tendría un carácter multipropósito: la seguridad energética, reduciendo la dependencia con respecto a los combustibles de origen fósil, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la combustión en los motores y dinamizar el sector agrícola.
En efecto, gracias a la mezcla de un 8% de etanol con la gasolina motor y del 9.2% de aceite con el diésel, se reduce el consumo de 19 mil barriles/día de derivados del petróleo. Ello es tanto más pertinente si tenemos en cuenta la precariedad de las reservas de petróleo con que cuenta el país y su tendencia a la declinación desde el 2014, al tiempo que el coeficiente reservas/ producción (R/P) pasó de 6.6 en 2013 a menos de 5 en la actualidad.
Es un hecho que el uso de los biocombustibles en Colombia ha venido contribuyendo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente 2.5 millones de toneladas/año, equivalentes a 6 puntos porcentuales de los 20 a los que se comprometió el Gobierno Nacional con la COP21 hacia el 2030, como su contribución al combate al cambio climático.
Gracias a esta agroindustria se ha ampliado la frontera agrícola del país, particularmente las áreas cultivadas palma africana que ha incorporado 250 mil hectáreas nuevas de cultivos de la fruta a lo largo y ancho del país. 8 departamentos del país cuentan ya sea con cultivos de caña o palma para producir la materia prima o con las plantas, 12 en total, para procesarla. Son más de US $300 millones los que se han invertido en las plantaciones agrícolas de esta nueva cadena productiva y más de US $300 millones en las plantas procesadoras de los biocombustibles. La agroindustria de los biocombustibles genera más de 81 mil empleos formales directos e indirectos permanentes, principalmente en el campo, particularmente en las zonas más conflictivas del país.
Todos estos logros y beneficios son los que se están poniendo en riesgo con la expedición de dos resoluciones que, por un lado (Resolución 40953 del 3 de octubre de 2016 del Ministerio de Minas y Energía) se congela el precio de los biocombustibles, sin argumento alguno de peso que lo justifique y por el otro (Resolución 140 de 2016) se pretende por parte de la CREG equiparar el precio de los biocombustibles, que son un aditivo oxigenante, con los combustibles de origen fósil. Esto es un despropósito, pues con ello el propio Gobierno le está poniendo palos en la rueda del avance de este sector.
*Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos