Con la Constitución del 91, en la barca de las novedades, pasamos del bipartidismo abierto a un desordenado multipartidismo. Muchos partidos han tenido una existencia fugaz e intrascendente. Ahora, luego de las elecciones de este año y desde la instalación del Congreso 2022/26, surgió la figura del Partido Dominante.

El Pacto Histórico se hizo a las presidencias de las dos Cámaras Legislativas y de las Comisiones Económicas, mientras el Partido Liberal cedió dócilmente la presidencia de la Cámara de Representantes. Es más, el presidente del Senado, Roy Barreras, funge como el gran maquinador de la política colombiana actual. Su vaticinio de 8 años de luna de miel del Congreso con el gobierno hizo evidente su aspiración a suceder a Petro. Con sagacidad ha dado más de un salto triple en el tinglado electoral y ha caído muy bien parado. Sin embargo, el asfixiante copamiento de todos los espacios políticos ya está produciendo fisuras en la coalición de gobierno. Celos y despechos son tan intensos en la política como en el amor.

En desarrollo del copamiento, es inmensa la cantidad de proyectos que se anuncian o se presentan para regular mil aspectos de la vida nacional: la reforma tributaria, el veto a la fracturación hidráulica, la nueva Jurisdicción Agraria, la tontera de prohibir la exportación de ganado en pie -como si se tratara deliberadamente de parar la economía- hasta la obligación de listas cerradas y alternativas en las próximas elecciones parlamentarias. El que mucho abarca poco aprieta, es dicho popular. Pero, a pesar de todo, conviene considerar las propuestas por la necesidad de cambio que se respira y en el entendido que los problemas que afronta el mundo todo y Colombia, en particular, superan los ideologismos.

Por otra, parte, tiene razón EL NUEVO SIGLO cuando se pregunta, en la primera página del miércoles 24 de agosto, ¿Es eficaz una reforma que no acabe con la elección nacional para Senado?

Esta columna ha sido pionera en la propuesta de abolir esa figura. Ya lo hemos dicho: La Circunscripción Nacional para Senado (CNS) atenta contra el origen mismo del Congreso: presupuesto y regiones. Y no existe en ninguna democracia importante sino por la vía excepcional. Además, resulta imposible el control de los dineros que entran a más de 450 campañas por todo el territorio. Y esto, en un país atravesado por los narcodineros y la minería ilegal, que están pendientes de cualquier pedazo de poder que se les ofrezca, resulta muy peligroso.

Contra la intención de los constituyentes del 91, la CNS ha sido camino hacia la plutocracia y la corrupción.

El senador Humberto de la Calle, vocero del gobierno en la Constituyente del 91, se mostró partidario de la abolición “porque no se lograron senadores Nacionales”. Esa pretensión fue una entelequia más de los Constituyentes, que desconocían que el tema lo resolvió el abate Sieyés en pleno 1879: Todo diputado es representante de la nación entera. Sin esto habría entre los diputados una desigualdad injustificable.

La CNS golpea a los candidatos de los departamentos con poca densidad poblacional. Ese mercado electoral asimétrico ha conducido a que, en cada cuatrienio, un promedio de 11 departamentos no tenga voceros en el Sanado de la Republica. ¡Así no funciona ninguna democracia!

Finalmente, la modernización del Congreso es una tarea prioritaria y debe partir de la recuperación de su prestigio entre los ciudadanos -electores-. Por eso mismo, resulta inconveniente reducir su número. En un país que crece y con una ciudadanía más informada cada día la menor representación política puede tener repercusiones en la armonía social. El cambio no puede partir de negarle más vocería institucional al pueblo colombiano.