Al iniciarse la campaña para que los colombianos refrenden       o sepulten en las urnas el acuerdo de La Habana, es evidente que la mejor promoción del No es un  Sí mal defendido.

A medida que se conoce el texto definitivo surgen dudas numerosas y  profundas que exigen, por lo menos, una explicación de los compromisos adquiridos a nombre de los cuarenta y seis millones de colombianos, cuyo porvenir quedará ligado indisolublemente a las cláusulas de este documento.

La fiesta mediática que anunciaba la conclusión de los acuerdos en La Habana despertó al país.  Hasta los más despreocupados comenzaron a preguntar a qué los habían comprometido, y su afán por saberlo crece con cada renglón que se conoce. Mientras tanto, los autores del convenio pelean pero no explican. Invitan a leer, pero descalifican a quien se atreve a preguntar.

El expresidente Gaviria, nombrado jefe de los del Sí, todos los días abre un nuevo  frente de batalla; Cambio Radical anuncia que no reconoce la autoridad de Gaviria en la campaña; el ministro Juan Fernando Cristo está a punto de disolver a los gobiernistas; el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, dice que el acuerdo no respeta la institucionalidad de la rama judicial, es decir, que piensa muy distinto al Presidente, pero votará igual que él,  mientras el Presidente afirma que, autorizado  por la Corte Constitucional, redacta la pregunta del plebiscito “como se le da la gana”. ¡Vaya pedagogía democrática!. Entre tanto, las Farc recorren los campamentos guerrilleros preparando a su gente.

Muy a la colombiana, el escrito es largo y repetitivo, lleno de lugares comunes y de quejas, que encriptan las verdaderas intenciones

En la Reforma Rural Integral, por ejemplo, se habla de “cerrar la brecha” entre el campo y la ciudad, creando condiciones de bienestar y buen vivir.  

Lo importante es saber cómo el Sistema General de Información Catastral que se crea procederá para “regularizar con transparencia la propiedad de la tierra”. Contra las acciones de un organismo de esa clase no valdrán nada las citas del documento de La Habana. Una amplia burocracia creada por estos acuerdos será la encargada de manejar un Estado gigantesco, cuyos operarios no tienen interés en que funcione eficazmente sino prisa por hacer la revolución desde adentro. ¿O no es eso lo que anuncian, sin reticencias, cuando exponen sus propósitos políticos?

Desde luego hay que preservar la libertad de información y la posibilidad de difundir las ideas de nuevas agrupaciones políticas. Por eso, los medios aplauden cuando les hablan de “participación ciudadana”, pero comienzan a alarmarse cuando se insinúa el verdadero propósito, al pactarse que el Gobierno Nacional “se compromete a abrir nuevas convocatorias para la adjudicación de radio comunitaria, con énfasis en las zonas más afectadas por el conflicto y así promover la democratización de la información  y el uso del espectro electromagnético disponible”. Serán 31 emisoras,  según los expertos.

En los interminables párrafos del acuerdo abundan ejemplos como los  anteriores, que merecen  explicaciones serias, pues hasta ahora es ostensible la insistencia en unas propagandas que  nada aclaran ni precisan. Esta defensa del voto afirmativo está resultando la mejor promoción del No, al trivializar algo que, por primera vez en mucho tiempo, la opinión empieza a tomar en serio.