En repetidas ocasiones durante los últimos 20 años he analizado el tema de Colombia en La Haya, aún con anterioridad a la sentencia proferida por la Corte Internacional de Justicia en el 2012 que reconoció la soberanía nacional sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, no la calidad de frontera marítima del meridiano 82 entre Colombia y Nicaragua.

Jamás el Congreso de la República analizó el fallo, ni se ha referido a las dos demandas iniciadas contra Colombia en 2013, una por desacato del mismo y la otra por conseguir la extensión de la plataforma continental a más de 200 millas marítimas, casi hasta Cartagena, a pesar del retiro de nuestro país de esa Corte, en noviembre del 2012. El Tribunal decidió estudiar las demandas, lo ha venido haciendo y en pocos meses dictará sentencias.

En marzo del 2016 el presidente Juan Manuel Santos, en alocución televisiva, dijo que la Corte ya había negado la pretensión de extensión de la plataforma continental en el 2010, que ello era cosa juzgada, que no podía conocer de este tema sobre el cual ya había fallado, que no tenía competencia para aplicar a Colombia un Tratado del cual no hacemos parte y declaró tajantemente: “ Frente a tales contradicciones he decidido que Colombia no siga compareciendo en este asunto ante la Corte Internacional de Justicia,” posición diáfana.

El mandatario en cuanto al alegato por incumplimiento de la sentencia del 2012 también fue enfático: “Los temas bilaterales entre Colombia y Nicaragua no van a continuar sujetos a la decisión de un tercero, deberán abordarse mediante negociaciones directas de las partes, de conformidad con el derecho internacional.”

Sin embargo, a pesar de la determinación presidencial la cancillería prosiguió en la Corte la defensa y allí estamos porque el presidente Iván Duque al considerar este un asunto de Estado confirmó la presencia de nuestros voceros en La Haya. Urge entonces un pronunciamiento al respecto, que se informe a la ciudadanía cuál es la posición frente a futuros fallos y cómo procederemos. Es el momento para que los ciudadanos conozcamos lo actuado durante los últimos tiempos.

Los presidentes Santos y Duque no han querido ningún mal para Colombia pero no hemos sido coherentes y desafortunados en actuar como corresponde para preservar la integridad territorial, marítima y de espacio aéreo. En las presentes circunstancias es imprescindible la movilización nacional en defensa de intereses vitales, el Congreso y la opinión pública no pueden permanecer callados, ni existir diplomacia secreta. Que no se interprete este artículo como de oposición al Gobierno, reitero si la necesidad de que se informe sobre que hace Colombia en La Haya.

Tengo temores acerca de futuras sentencias que desborden competencias y desconozcan la intangibilidad de Tratados Limítrofes, creando problemas en el orbe y jurisprudencia inaceptable. Las fronteras incluidas expresamente en la Constitución de la República no son susceptibles de modificación por providencia de un Tribunal Internacional, lo reitero oportunamente. Abrigo la certidumbre de que nada tenemos que hacer en La Haya.