Siguen los asesinatos de nuestros líderes sociales; han venido siendo asesinados desde que yo recuerde. Muchos alcaldes, concejales, políticos liberales y conservadores, líderes de la UP y otros movimientos fueron asesinados. Grupos ilegales y narcotraficantes como las Farc, los paramilitares y el Eln, entre otros, asesinaron miles de colombianos. Hoy nos siguen asesinando, con otros e incluso los mismos nombres, quienes continúan en los negocios ilegales de drogas y minería criminal.

No es cierto que desde la firma del acuerdo de La Habana empezaran los asesinatos de los líderes. En Colombia han matado reiteradamente a quienes buscan representar la sociedad; valdría la pena que los colombianos conociéramos la lista de todos los políticos asesinados de cada partido.

Sin embargo, esas muertes han disminuido. La Consejería para los Derechos Humanos ha reportado una caída del 25% en la muerte de líderes sociales en 2019, utilizando la medición estandarizada que existe desde 2016. Un gran resultado del gobierno Duque.

Existen 23 tipologías de líderes sociales de la ONU que suman al menos 8 millones de líderes sociales en Colombia. Hoy tenemos 8.250 esquemas de seguridad individuales con el 60% para líderes sociales. Cuestan 1 billón de pesos. Si el Estado le diera protección particular a los 8 millones de líderes, el 60% del presupuesto general de la nación (159 billones) estaría dirigido a la UNP. Es evidente que la solución no puede ser ni debería ser, 8 millones de esquemas de seguridad. La apuesta es por la seguridad democrática en oposición a la privatización de la seguridad o la seguridad individual.

Lo que llama la atención de este proceso es que todos decimos que queremos detener los asesinatos, sin embargo hay una corriente política tratando de desviar las investigaciones. Las investigaciones  de la Fiscalía son claras: desde 2016 al 20 de enero de 2020, de los casos con autor intelectual determinado, el 14,14% de los asesinatos han sido cometidos por disidencias de las Farc, un 10,47% por el Clan del Golfo o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, un 8,38% por el Eln, y un 16% por bandas delincuenciales. Sin embargo, hay políticos de izquierda que quien sabe con qué propósito hablan de que los asesinos no son esos; señalan sin pruebas, sin investigación, pero con intenciones oscuras, a nuestras Fuerzas Armadas, incluso al partido Centro Democrático.

¿Por qué intentan exculpar las disidencias de las Farc? ¿Por qué no les exigen y no les reclaman? ¿Acaso no les ofende que luego de que les dieron todo lo que pidieron para firmar el acuerdo, unos hayan incumplido?  ¿Por qué insisten en lavarle los crímenes al Eln? ¿Cómo es que les indigna tanto el asesinato de líderes sociales y al mismo tiempo piden que el Presidente no extradite a los líderes del Eln refugiados en Cuba?

¿Cuál es su intención al señalar a las Fuerzas Armadas? ¿Acaso pretenden evitar que los colombianos confíen en el Ejército? ¿Quieren evitar que el Estado pueda actuar con sus Fuerzas Armadas? ¿Acaso buscan truncar la acción del ejército para proteger los grupos ilegales? ¿Además de exculpar a las disidencias de las Farc y al Eln pretenden que no pueda haber acción militar contra ellos?

Los líderes sociales asesinados tenían diversas filiaciones políticas; un informe de la MOE reveló que los líderes del Centro Democrático son los más amenazados, ¿por qué entonces los políticos de izquierda hablan de que es nuestro partido el que asesina los líderes? ¿Pretenden decir que las amenazas contra el CD son falsas? ¿Acaso quieren estigmatizarnos? ¿Pretenden no sólo apuntar sino hacer disparar los fusiles de quienes asesinan contra nosotros?