En dos meses el presidente Iván Duque llegará a la primera cuarta parte de su mandato, dejando la percepción de que ha ejercido un gobierno con logros en áreas que no son las preponderantes para la buena marcha del Estado, de lo cual se deduce que ha dejado en segunda o tercera prioridad los aspectos de mayor envergadura por las repercusiones que de ellos se derivan, empezando por las atinentes a la unidad nacional y al proceso de pacificación. A este respecto, y a modo de ejemplo, el “Cerac” acaba de advertir que las muertes asociadas a la violencia política aumentaron en mayo.
Pero ampliemos la mirada. Si observamos lo positivo de la gestión hasta hoy, vemos que, además de 32 “Talleres Construyendo País” y después de prolongados tires y aflojes, logró desactivar, al menos temporalmente, las protestas estudiantiles y de los indígenas en el Cauca. También que en el Congreso logró hacer aprobar la ley de presupuesto con aumentos de recursos para la educación y la salud, la ley que fortalece las sanciones que puede aplicar la Superintendencia de Salud, la ley TIC y aquellas que crean los ministerios de ciencia y tecnología y de deportes.
No obstante, en lo de mayor envergadura, en el mismo Congreso se puso en evidencia la débil gobernabilidad del presidente en el trámite y resultado de las leyes más importantes presentadas por su gobierno. La Ley de Financiamiento y el Plan de Desarrollo pasaron raspando luego de tensos pulsos y mutilaciones, y ambas transitan en la Corte Constitucional para su revisión de trámite y de fondo. La frágil acogida de dichas leyes fue una de las consecuencias de tres errores: por una parte confundir representación política en ministerios de al menos los partidos que lo apoyaron en segunda vuelta, con “mermelada” para los congresistas, negándose a las dos; por otra parte, el soslayo del resultado de la consulta anticorrupción y de la convocatoria que hizo recién comenzó su mandato a todos los partidos, para sacar adelante las leyes que atendieran dicha consulta en los puntos de mayor impacto sobre la corrupción; por último, aunque no menos importante, la innecesaria campaña por las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues al objetar seis artículos de la ley estatutaria no solo realimentó la polarización del plebiscito sino que tuvo que asumir una derrota política, inaugurando al mismo tiempo una confrontación con las altas cortes, que ya ha tenido sendos capítulos como lo que ha salido a flote en el caso del “mafioso” Santrich.
Así las cosas, si las prioridades de un gobernante expresan su visión, se puede afirmar que la de Duque no es la que se espera de un Jefe de Estado. Por esto no es de extrañar que los ministros que sostienen el trípode sobre el que se asienta lo esencial del Estado: justicia, defensa y seguridad y hacienda, hayan sido aquellos más problemáticos en su gestión, por la renuncia y mociones de censura que han ocurrido.
@CarlosAlfonsoVR