Colombia se ha caracterizado desde sus inicios como república a mantener los privilegios a las élites. Ese comportamiento un tanto generalizado en América Latina, tiene un matiz particular en nuestro país.

Por cuenta de los impuestos, se sostiene el modus vivendi de muchas personas. Familias y apellidos, empresarios, contratistas y funcionarios públicos que comprenden que el principal empleador en la economía nacional, es el estado y aprendieron a vivir de él y a exprimirlo.

En estos tiempos de coronavirus, esos privilegios han exacerbado los ánimos. No hay razones para sostener excesos en un momento histórico en donde la necesidad de supervivencia es apremiante a cada hora que pasa. Y sin embargo, hay varios ejemplos de las élites imponiendo privilegios sobre las necesidades reales de la pandemia.

En el caso de Bogotá resulta una vergüenza que con casi el 50% del total de los contagios, y la ciudad parada, se pretenda seguir con un contrato para que los concejales de la ciudad tengan camionetas blindadas y un esquema de seguridad individual. Durante la campaña electoral y en medio de los debates, los entonces candidatos le hacían el feo a esos privilegios y se comprometían con sus votantes a rechazarlos. Pero una vez elegidos, tan solo seis de ellos, mantuvieron su palabra y se negaron a recibir el esquema de seguridad.

Las camionetas blindadas como otros recursos que hoy en día son privilegios, generan un imaginario en el colectivo sobre el poder. Un día, recuerdo, estando en como directora del Sena, un senador de la costa me dijo: “te imaginas uno llegando a una comunidad en un taxi, no respetarían”. Una frase lamentable. Porque eso indica que las comunidades en efecto tienen una actitud reverencial hacia la apariencia del poder, así sea a costa de su propio bienestar.

Los concejales en Bogotá se defendieron con las uñas y mantuvieron el convenio interadministrativo para tener sus camionetas. 

En ese mismo sentido llegó la noticia la semana pasada que se comprarán camionetas blindadas para más de cincuenta magistrados por trece mil millones de pesos. Y otros nueve mil millones parece que serán invertidos en el esquema de la Presidencia de la República. ¿Gastarse 25 mil millones de pesos en camionetas blindadas es necesario?

Y no terminan de llegar las noticias de estos gastos y la opinión de digerirlos, cuando Avianca levanta la mano y le pide al Gobierno ayuda para salvarse de la quiebra. Sí Avianca, la aerolínea cuyos principales socios accionistas son de Estados Unidos. La misma que despidió a los pilotos que se atrevieron a cuestionar sus condiciones laborales.

La misma que en época del derrumbe en la carretera hacia los Llanos Orientales no tuvo problema en aumentar el valor de los tiquetes haciendo caso omiso a las súplicas de sus clientes. La misma aerolínea que en el pasado fin de semana, sin autorización comenzó a vender tiquetes para volar supuestamente a partir del 11 de mayo del 2020, fecha en la que se terminaría el aislamiento obligatorio (segunda fase).

Mientras tanto los micro y pequeños empresarios levantan la mano para pedir que los créditos y los subsidios lleguen pronto a las compañías para salvarlas. Pero la diferencia es que Avianca es Avianca y el resto es, el resto. 

Esperemos la lógica racional y austera del Gobierno. Lo que ha quedado claro es que los privilegios después del coronavirus tendrán que acabarse. Y los que abusen de ellos, quedarán en la memoria de un colectivo que ha madurado y que a diferencia de las comunidades del senador de marras, ya no le hacen reverencia a nadie.