Llamó la atención el Proyecto de Ley presentado la semana pasada por una distinguida Representante a la Cámara,  donde se  consagra la imposición de  cuantiosas multas, 23 salarios mínimos mensuales que hoy equivalen a 23 millones de pesos, con escalamiento progresivo,  a quienes paguen  dinero a terceros por obtener favores o servicios sexuales.  Las motivaciones son bien intencionadas, para evitar el tráfico de personas, proteger  un sector desprotegido de la población, dignificar la calidad de vida de quienes se dedican a ello y  desalentar la actividad, etc.

La reacción no se hizo esperar  y vino precisamente del gremio de las trabajadoras sexuales,  quienes se duelen de ser tratadas como un sector marginado de la sociedad;  además, consideran que el proyecto va contra ellas, pues multar a su eventual clientela, dice una de sus líderes y con razón,  equivale nada más o nada menos a que atentar con su derecho al trabajo y su libertad de escoger profesión u oficio;  en otras palabras, el proyecto a lo que tiende,  por  muy loables que sean sus motivaciones y las intenciones de quién lo presenta, es en ultimas, en forma indirecta,  a prohibir la prostitución.

Otra vez la equivocación de creer que los problemas sociales se arreglan  expidiendo leyes que criminalicen o en este caso,  que impongan cuantiosas multas, a quienes  acudan  a pagar por este tipo de servicios.  La prostitución existe desde los confines del inicio de la humanidad,  en todos los textos de historia antigua se habla de ella; sin duda  muchas personas llegan a  ofrecerse para tal actividad por necesidad económica, o por falta de educación que le permita sobrevivir de otra manera;  pero también habrá, como lo hemos leído recientemente en declaraciones de algunas de sus profesionales, a quién le guste esa manera de trabajar y de vivir.

El problema es otro, la falta de educación,  que la sociedad sea más incluyente,   que la persona reciba la educación adecuada, para que en su madurez  tenga la posibilidad de escoger su profesión o su trabajo, sin tener que llegar a prohibiciones inútiles, o  multas absurdas, que no se  van a cobrar, ni a pagar.

Personalmente  creo que  en muchos casos las mujeres y hombres que se prostituyen,  lo hacen por circunstancias adversas, necesidades económicas, falta de oportunidades laborales, etc. Pagar por los servicios sexuales, es también otra forma de prostituirse y muchas  personas también lo hacen por circunstancias que les son ajenas. Estoy de acuerdo que el Estado debe formular políticas públicas, educativas, de empleo, de asistencia social,  tendientes a brindarle a las personas oportunidades de vida, donde  no tengan que escoger como  modus vivendi  una actividad que las denigre en su condición humana.  Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con prohibiciones;  la trata de personas, la violencia sexual, el maltrato infantil, el abuso de menores deben ser conductas criminalizadas;  sin embargo,  la libertad humana no puede menoscabarse cuando se trate de decisiones de personas adultas, que escogen  una actividad como profesión, así no la consideremos enaltecedora.  Es el ejercicio de su libertad y debe también respetarse.

A los grandes problemas de la sociedad respondamos con políticas públicas adecuadas, no con multas y prohibiciones que no solucionan los males sociales.