Los últimos acontecimientos de orden público son bien preocupantes y se percibe en el ambiente que se está abusando miserablemente del ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos; bien es sabido que estamos regidos por una Constitución que es completamente garantista, pero no podemos permitir que se vuelva alcahueta y por ello es que las fuerzas del orden deben estar atentas y tener la facultad de ejercer la fuerza legítima del Estado para contener el caos y reprimir las acciones desbordadas de unos desadaptados, y/o disfrazados de marchantes y/o infiltrados con claras pretensiones políticas, que quieren subvertir el orden público para generar, precisamente, lo que han logrado estos días: el caos.

Está bien que seamos un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista,  en que se facilite la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, pero no podemos olvidar que existen unos valores fundantes, como el respeto de la dignidad humana y el aseguramiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, y que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes y creencias; pero el hecho de que la soberanía resida exclusivamente en el pueblo y de que todas las personas tengan derecho al libre desarrollo de su personalidad no desactivan las talanqueras que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. So pretexto de hacer valer sus derechos, ese pueblo no se puede arrogar el derecho de atropellar impunemente a las autoridades legítimamente constituidas.

Está bien que la Constitución faculte al pueblo para reunirse y manifestarse públicamente, pero el mandamiento dice que debe hacerlo pacíficamente y el mismo Acuerdo Farc - Santos privilegia la movilización social y la protesta pacífica como “ejercicios legítimos” y se les da status de derecho fundamental, que no puede suspenderse ni siquiera en estados de excepción, por entrar al bloque de constitucionalidad. Está bien que la gente proteste, pero está mal que lo haga con violencia. Está bien que, en materia de la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, los ciudadanos puedan acudir al mecanismo de la tutela, pero también está mal que abusen de ella y la utilicen de manera temeraria para buscar la satisfacción injusta de unos derechos que no tienen y, peor aún, que falseen la realidad y compren a jueces y magistrados para conseguir réditos injustos.

Pero, ante todo, tenemos que estar preparados los hombres de bien, porque en el “ejercicio legítimo” de esas protestas los jóvenes se están lanzando a las calles con bombas, palos y piedras para atacar a la policía, sedes universitarias, entidades públicas, centros comerciales y a una particular estación de radio dizque porque es amiga del expresidente Uribe, con lo cual están mostrando el cobre y desenmascarando sus intereses clandestinos.

Post-it. Que suerte de periodista deportivo radial se nos fue del medio. Javier Giraldo Neira, a narrar los goles que San Pedro le mete al diablo. Paz en su tumba.