Por estos días, en respuesta a las dos últimas demandas de Nicaragua, los agentes de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia dicen que no se ha incumplido la sentencia del 2012 sobre límites marítimos y piden desechar la pretensión de ese Estado de extender su plataforma continental a más de doscientas millas, en alegatos no conocidos públicamente. Ojalá en ellos se reitere que cualquier modificación de fronteras solo podrá realizarse mediante la suscripción de Tratados, confirmar que el aludido fallo es inejecutable y la negativa a acatar cualquier indebido pronunciamiento sobre plataforma continental

En vez de formular la posición tendiente al desarrollo de un  proceso de integración en beneficio del  Caribe, continuamos apegados a cláusulas e incisos frente a la Corte de la cual nos retiramos, a la espera de dictámenes alejados de la historia, de la conducta indicada para la protección y defensa territorial que  garantice la conservación de especies, de reservas patrimonio de la humanidad, cuando la misma entidad reconoce la vigencia e intangibilidad del Tratado Bárcenas-Esguerra de 1928 en el  inaplicable veredicto de parcelación oceánica.   

En la campaña electoral los candidatos eludieron el tema, con la excepción del presidente Iván Duque, quién aludió  al desarrollo de un gran programa del mar, visitó San Andrés y Providencia, oyó a los raizales, se pronunció con acierto, pero ha optado por la equivocada permanencia en los estrados de la Haya  bajo la  premisa de que salimos  tarde del Pacto de Bogotá y no podemos hacer cosa distinta.

Los irrefutables argumentos de Colombia son indispensables plantearlos fuera del Tribunal, durante más de dos siglos ha sido conducta inalterable de Colombia el respeto a los Tratados, piedra angular de las relaciones entre los Estados y de la Seguridad Jurídica.     

Se estudia  la forma de cubrir un déficit fiscal de catorce billones de pesos en el presupuesto del 2019, el hueco en el mar valdría millones de billones, imposibles de cuantificar. Con Nicaragua lo adecuado es formular directamente la postura de Colombia,  su  acto ilícito de 1980 de  declarar la “invalidez y nulidad” del Esguerra-Bárcenas, impedía la  consideración de demandas contra derecho  por la Corte, así en sentencia del 2007 confirmase nuestra soberanía en  el archipiélago.

Se requiere  un gran proyecto innovador por fuera de controversias jurídicas, urge el pronunciamiento del Congreso que ha omitido debatir sobre el tema, sólo a este compete autorizar la enajenación de bienes públicos, cuya  acepción  académica es “pasar y transmitir a alguien  el dominio de ello,” queremos los nombres de los  asesores de Colombia, nuestro país no está obligado al sometimiento de ninguna sentencia  violatoria de límites territoriales consagrados en la Carta.