Las rentas ilegales en Colombia han crecido de manera alarmante, agravando la crisis de inseguridad que enfrentamos. El narcotráfico sigue siendo la mayor amenaza, con el país consolidado como el principal productor mundial de cocaína. En 2023, según el Sistema Integrado de Información y Monitoreo de Antinarcóticos, se registraron más de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, con una producción potencial de 2.664 toneladas métricas de cocaína, un aumento del 53% en comparación con 2022.

Sin embargo, una nueva fuente de financiamiento para los grupos armados ilegales ha ganado protagonismo: la minería ilegal. Este negocio paralelo al narcotráfico no solo destruye ecosistemas estratégicos y contamina ríos con mercurio, sino que también se ha convertido en una fuente clave de violencia. De hecho, en el 34% de los municipios donde hay cultivos de coca, también se registra explotación ilegal de oro de aluvión. En algunas regiones, la minería ilegal ya ha reemplazado al narcotráfico como principal fuente de ingresos para estas organizaciones criminales, impulsada por el alto valor del oro, que actualmente alcanza los 2.739 dólares por onza.

El control de esta millonaria renta ilícita está en manos de grupos como el Eln y el Clan del Golfo, que utilizan la minería ilegal para lavar dinero y financiar su expansión territorial. Departamentos como Antioquia, Chocó, Sur de Bolívar, Nariño, Cauca, Córdoba, Valle del Cauca, Putumayo, Guainía (con coltán y uranio), Caquetá, Caldas, Tolima y La Guajira están entre los más afectados.

Las cifras son contundentes:

• 100.000 hectáreas de minería ilegal a cielo abierto.

• 51% de estas operaciones se encuentran en reservas forestales o parques naturales.

• 69.123 hectáreas de oro de aluvión están bajo explotación ilícita, lo que representa el 73% del total.

• En 2023, Colombia exportó 72 toneladas de oro por un valor de 3.406 millones de dólares, solo superado por el petróleo y el carbón. Sin embargo, al menos el 75% proviene de empresas informales.

• La minería ilegal genera aproximadamente 3,5 billones de pesos anuales, mientras evade 550.000 millones de pesos en impuestos.

El contraste entre la minería ilegal y la minería formal es abismal, mientras la extracción ilícita genera hasta 20 toneladas de oro al año, con ingresos superiores a 5 billones de pesos, la minería formal apenas produce 3 toneladas anuales. Empresas como Mineros S.A. y Operadora Minera S.A.S, junto con unidades formalizadas, sí contribuyen al desarrollo del país a través del pago de impuestos y regalías.

La Procuraduría General de la Nación ha alertado sobre el impacto de la minería ilegal a través de informes como “Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia”, publicado en diciembre de 2024. Sin embargo, las instituciones encargadas de frenar esta actividad parecen paralizadas.

El Gobierno de Petro ha demostrado una absoluta falta de interés en enfrentar esta problemática. En lugar de impulsar el desarrollo del sector minero con reglas claras y garantías para la inversión legal, su política se ha basado en imponer trabas jurídicas ideológicas a través del Ministerio de Ambiente.

Mientras tanto, ¿dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está la Fuerza Pública? Esta renta ilegal sigue creciendo sin control, amenazando la economía y devastando el medio ambiente. Si el Estado no actúa con firmeza, la minería ilegal seguirá consolidándose como un motor del crimen organizado en Colombia, con consecuencias irreversibles para el país.