Los acontecimientos de la semana pasada hacen erizar el pelo.

Después de 12 días de cautiverio, fue liberado Luis Manuel Díaz, secuestrado por el Eln que lo entregó en la Serranía del Perijá a una comisión de la Iglesia, la ONU, el Cicr y la Defensoría del Pueblo. Cuando lo secuestraron se armó un espectáculo: más de 300 soldados y policías, con helicópteros, tanquetas y perros adiestrados fueron desplegados en una operación rastrillo que bloqueó, eso dicen, las salidas a Venezuela. Pero el Eln dijo que no lo liberarían sin que la zona fuera despejada completamente. Y, como por arte de magia, desaparecieron soldados, helicópteros y tanquetas y los secuestradores lo devolvieron exigiendo que el gobierno los financie si quiere que no sigan delinquiendo. Un camión de valores perdido en el aeropuerto de Valledupar siembra sospechas.

Mientras liberaban al señor Díaz -sano y salvo, gracias a Dios- secuestraban una muchacha de 19 años en Sardinata. En esa zona está secuestrado hace cinco meses un abogado de 87 años. No ha habido un despliegue similar para buscarlo. Se calcula que en el país hay más de 30 secuestrados, la mayor parte por el Eln. Un crimen abominable.

En el cañón del Micay fueron retenidos por la población y luego echados del pueblo por orden de Iván Mordisco, varios pelotones de soldados enviados a cuidar las elecciones de El Plateado, una vereda de Argelia, Cauca. El alcalde de ese municipio dijo que había zonas en las que se necesita permiso de los grupos armados hasta para hacer un partido de fútbol. El Ejército dijo que se trataba de un repliegue táctico para proteger a la población civil. No es la primera vez que eso sucede: pasó también en Los Pozos, Caquetá, donde fue asesinado un subintendente de la policía; acciones similares se han registrado este año en Campamento, Antioquia; San José del Guaviare; y Patía, Cauca. En todos los casos se ha dicho que se trata de defender la población civil. Pero las fuerzas armadas están instituidas para controlar a la población civil en casos de asonadas y es una torpeza, por decir lo menos, impedirles, como se ha hecho, defenderse.

La senadora Paloma Valencia mencionó en este diario otros eventos que ocurrieron en Rosario y Policarpa, Nariño, donde las disidencias inauguraron con bombos y platillos, obras públicas que, según dicen, “transforman el territorio y seguiremos avanzando en nuevos retos que nos acerquen a la ‘paz total’”. En el alto Baudó más de diez mil personas están confinadas por un paro armado.

Según la Constitución, Colombia es una democracia en la que el jefe de la rama ejecutiva es el presidente al que la misma le otorga, en su artículo 189, 28 funciones que incluyen dirigir la fuerza pública y conservar el orden público, aunque ninguna diga “gobernar”. El artículo 217 dice que “las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” y el 218 que la policía tiene como “fin primordial el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Pero en algunas zonas del país son el Eln o los grupos criminales organizados los que hacen las obras públicas y dan las órdenes sobre dónde no puede estar la fuerza pública, es decir, “gobiernan”, mientras piden al gobierno nacional que los financie.

Entre tanto, este año han ocurrido 79 masacres y el hampa se ha tomado las ciudades, sin que la gente tenga quién la defienda.