Creo que el gobierno Petro hizo bien en suspender los diálogos de paz con el Eln. La manera como se estaban adelantando estas negociaciones estaba falseada desde su inicio. La situación había llegado a un extremo tal de abusos por parte del Eln que probablemente no había otra salida que decretar un paréntesis, como se hizo.

El ataque dinamitero contra la base militar de Arauca (a 300 metros de una escuela) y donde hubo varios muertos y heridos, fue apenas el último, pero no el primero, de los muchos atropellos por parte del Eln a la buena fe que debe presidir toda conversación de paz.

¿Qué sigue? ¿Cómo se deberá proceder en adelante? Las llaves de la búsqueda de la paz es claro que no pueden tirarlas el gobierno al fondo del mar. Hay que persistir. Es un deber ético y político continuar buscando salidas civilizadas a este conflicto. Como a los otros que conforman el caleidoscopio de la paz total. Pero la persistencia no puede hacerse de cualquier manera. Este paréntesis es quizás una buena oportunidad para trazar unas líneas rojas perentorias por parte del gobierno a los grupos alzados en armas que verdaderamente quieran buscar la paz por la vía de una negociación creíble.

¿Cuáles deberían ser esas líneas rojas que no pueden traspasarse en ningún caso, y de cuya observancia dependería de que se siga o no la búsqueda de la paz mediante la vía de un diálogo, después de este paréntesis en que han entrado las conversaciones a raíz del ataque a la base militar de puerto Jordán en Arauquita?

El Eln debe hacer una declaración solemne, vinculante e irrenunciable de que respetará bajo cualquier circunstancia el DIH. Así lo mandan los protocolos internacionales que desde mediados del siglo pasado regulan el significado y alcance de las negociaciones que un estado legitimo adelante con un grupo alzado en armas. Tal es el sentido de los acuerdos de Ginebra-Suiza firmados desde mediados del siglo pasado.

La principal línea roja -acaso la principal- tendría que ser ésta: El diálogo puede reanudarse si -y solo si- el Eln hace una declaración pública, solemne, escrita y creíble ante la comunidad internacional, ante los garantes, ante las naciones unidas, y ante el pueblo colombiano todo, de que respetará desde el mismo momento en que vuelva a sentar a la mesa de diálogos el DIH (derecho internacional humanitario).

Esta declaración solemne no puede ser el fruto de una negociación bilateral con el estado colombiano. No puede ser una concesión graciosa que el Eln hace a Colombia. Está obligado a respetar este conjunto de normas que conforman el DIH por el solo hecho de sentarse a una mesa de negociación haya o no cese al fuego.

Este sería el gran giro (histórico si se quiere) que el gobierno Petro podría darles a las conversaciones con los grupos alzados en armas dentro del contexto de la paz total. Incluida naturalmente la eventual reanudación de diálogos con el Eln.

¿Qué significaría esto en palabras simples? Que para volverse a sentar a la mesa de diálogos el Eln tendría que hacer la declaración solemne a la que he hecho referencia: no como resultado de una negociación bilateral con el gobierno sino como el reconocimiento de un deber ineludible e irrenunciable que le incumbe.

Esto significa declarar solemnemente que todo quebrantamiento al DIH queda proscrito en adelante de su actuación guerrillera. O sea, actuaciones tales como la contaminación de fuentes de agua de las que se sirven las comunidades locales, hostigamientos a menores y a las escuelas, el secuestro, el reclutamiento de menores, los confinamientos forzados de poblaciones civiles como los que se dieron en el Chocó, las minas antipersonales y, en fin, toda acción que de cualquier manera agravie a civiles no combatientes queda proscrita. Y el Eln renuncia a ellas, tal como lo ordenan los protocolos internacionales de Ginebra.

Este sería un giro copernicano en el enfoque mismo de las negociaciones de la paz total que no se logra ofreciéndole a los alzados en armas la sotana de Camilo Torres sino exigiéndoles que desde un comienzo se comprometan solemnemente a cumplir con el DIH. Como es su deber por el solo hecho de ser un grupo alzado en diálogos con un gobierno legítimo como el colombiano.

El Eln, que es resabiado, dirá que esa declaración no ha sido negociada previamente con el Estado. Pero precisamente, como el respeto al DIH es un deber que le incumbe unilateralmente al Eln y no puede ser el resultado de ninguna negociación previa, nada más lógico que la reanudación de los diálogos - si ella se da- empiece por el reconocimiento solemne y público de algo que obliga al grupo alzado en armas.

El paréntesis que se ha abierto puede ser una ocasión de oro para que el gobierno se pare en la raya en las futuras negociaciones; para que no siga al remolque lastimoso de las exigencias extravagantes del Eln como ha sucedido hasta ahora; y para que le recuerde desde la primera hora de la nueva fase de diálogos que el estado colombiano seguirá buscando la paz con ellos: pero no a cualquier costo.

El Eln podrá decir -ya lo ha afirmado en otras ocasiones- que hacer tal declaración sería algo equivalente a una rendición previa a la conclusión de unas negociaciones de paz. No hay tal. Los temas por negociar son muchos y están contenidos en los protocolos que se firmaron en Ciudad de Méjico.

Pero el imperativo categórico de respetar el DIH no es negociable: es algo obligatorio. Y por ello es fundamental que el gobierno se lo diga machaconamente al Eln hasta que éste termine por aceptarlo. De lo contrario, reanudar las conversaciones como se han venido haciendo equivaldría a recomenzar un camino ya conocido que no conduce a nada distinto que a las decepciones inmensas.