Por supuesto que hay que reformar la justicia y que se trata precisamente de revisar el diseño que sobre el poder judicial realizo la Constitución de 1991, que resultó totalmente inadecuado al haber contaminado la justicia con la política, haberle conferido atribuciones electorales a las Cortes para intervenir en la elección de una serie de personajes y a su vez puso al Congreso de la República a elegir Magistrados; lo que no ha sido favorable, tal como lo observa y percibe el país en estos momentos.  Hay suficientes diagnósticos y análisis sobre lo que está sucediendo y sobre lo que hay que hacer en esta trascendental rama del poder público.   Lo que se necesita es definir el camino que se deberá recorrer para llegar a esas reformas.

Por Acto Legislativo, en el Congreso se ha intentado adelantar algunas de las reformas en los últimos años, pero se han frustrado; incluso la más reciente que se conoció como el equilibrio de poderes, en parte muy esencial no pasó el control de exequibilidad que le hizo la Corte Constitucional.   Por eso algunos han propuesto una Constituyente, que tiene los problemas que remembra el pasado con otras de la misma especie, que se sabe sobre que comienzan, pero no sobre que terminan y se considera un verdadero salto al vacío.

Gobierno y Procurador sorprendieron esta semana con la propuesta de un referendo para cuatro temas puntuales: Suprimir las funciones electorales de las Cortes, crear un Tribunal de Aforados, imponer estándares humanitarios y éticos para cumplir la función judicial; y atacar el problema de la congestión judicial.

El mecanismo propuesto, lo observamos totalmente debilitado y desacreditado; en primer lugar, por lo cerca que está en el pasado reciente, el triunfo del “no” a los acuerdos de La Habana, que no produjo ningún efecto.  Además, lo cerca que está el proceso electoral para Congreso y Presidencia que sin duda contaminarían lo que debe hacerse en ese mecanismo de Reforma a la Justicia. 

Pero tampoco lo que se propone en términos muy generales por el Gobierno, pareciera que pudiese ventilarse por este mecanismo, que pregunta por un si o un no.  El tema de la congestión no va por ahí; mucho se ha hecho con la oralidad y para seguir con la implementación, no pareciera que el tema requiera de una reforma a la Constitución.  Lo mismo puede decirse para elevar los estándares éticos y humanistas de quienes quieren acceder al servicio judicial.   Ese es un problema de educación y de control en los procesos de selección, a lo que nada aporta una reforma en la Constitución.  El Tribunal de Aforados podría ir; pero lo que hay que hacer es no crear más tribunales; más bien reflexionemos sobre la posibilidad de   suprimir el antejuicio en el Congreso para los aforados, quitar ese privilegio, a irnos de una vez a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que adelante la investigación con el apoyo de la Fiscalía y proceda con el juzgamiento.

En nuestra opinión, el Gobierno arrancó señalando un camino, sin tener claro que es lo que quiere hacer con la Justicia.  Pero, además, ya el Gobierno está en sus estertores finales; una reforma al Estado requiere de un liderazgo que ya no tiene.  Lo mejor es aprovechar el tiempo que le queda para definir los temas que hay que revisar y llevar la reforma a un gran acuerdo nacional por la justicia, que debe liderar quien pretenda regir próximamente los destinos del país.